Denuncian requisas humillantes a delegaciones del interior durante marcha por CFK

El operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad durante la movilización en apoyo a Cristina Kirchner generó controversia por su desmedido alcance. Fuerzas federales implementaron controles exhaustivos que incluyeron la detención temporal de dos micros escolares con niños de La Matanza que se dirigían al Planetario, según testimonios recogidos de docentes afectados. En paralelo, militantes provenientes de diversas provincias denunciaron requisas sistemáticas: “Todos los micros que han salido de Córdoba rigurosamente han sido interceptados y requisados con distintos niveles de maltrato”, relató Luis Moyano en diálogo con Radio 750. Los procedimientos implicaban descenso obligatorio de pasajeros, revisión de pertenencias, palpaciones y exigencia de documentación en rutas de acceso a Buenos Aires, acciones calificadas como “humillantes” por los afectados.

En el ámbito urbano, la policía realizó controles de identidad a manifestantes en la estación Constitución, donde solicitaban DNI a quienes se dirigían hacia Plaza de Mayo. El operativo incluyó la detención por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de un militante kirchnerista tras proferir insultos contra el Presidente en un móvil televisivo: “Lo vamos a matar a Milei, al hijo de mil puta de Milei. Hijo de puta andate. Milei bastardo, hijo de puta. Vendepatria hijo de puta”, registraron las cámaras. La ministra Patricia Bullrich confirmó la acción en redes sociales: “Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata”, publicó. Estas medidas se enmarcan en el nuevo protocolo de “controles de rutina” que, según organizaciones de derechos humanos, transforman ejercicios de vigilancia en mecanismos de disuasión política.

La estrategia de seguridad generó demoras masivas y situaciones paradójicas, como la revisión de colectivos de línea con trabajadores en la autopista Riccheri. Testigos describieron a Gendarmería “subiéndose a los micros que viajan desde todo el país para intimidar”, en lo que sectores progresistas interpretan como criminalización de la protesta. Mientras las fuerzas de seguridad argumentan prevención de desórdenes, abogados constitucionalistas cuestionan la proporcionalidad de requisas sin orden judicial a transportes con menores y ciudadanos no imputados. El clima de tensión refleja la polarización extrema que atraviesa el país, donde dispositivos de control se aplican selectivamente en contextos de movilización política.