El exministro de Planificación Julio De Vido se entregó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir una condena de cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un último recurso de su defensa y dejara firme la sentencia por administración fraudulenta en la causa por la tragedia ferroviaria de Once de 2012. El ingreso del exfuncionario al edificio judicial se produjo minutos después de las 8, arribando en un vehículo particular y evitando hacer declaraciones, en un operativo que adelantó media hora su citación original para facilitar su conexión virtual al juicio por los cuadernos de las coimas, donde también está imputado. La decisión del máximo tribunal, emitida el miércoles, puso fin a una prolongada batalla legal y confirmó la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 4, que había sido reducida de cinco a cuatro años por la Cámara de Casación.
La condena se enmarca en una de las mayores tragedias ferroviarias del país, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando el tren Sarmiento chocó en la estación Once dejando un saldo de 52 fallecidos y más de 700 heridos. La sentencia judicial estableció que el desastre no fue un mero accidente, sino la consecuencia previsible de un “estrago socialmente producido”, tal como sostuvieron los familiares de las víctimas bajo la consigna “la corrupción mata”. La investigación demostró que la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), del Grupo Cirigliano, desvió sistemáticamente los millonarios subsidios estatales destinados al mantenimiento y la seguridad, creando las condiciones de inseguridad que magnificaron un error operativo hasta convertirlo en una catástrofe. El tribunal consideró a De Vido partícipe necesario de este esquema de defraudación al Estado, aunque fue absuelto del delito de estrago culposo por las muertes.
El fallo subraya la responsabilidad del Estado como cómplice a través de la omisión de sus funcionarios. Tanto el exministro De Vido como los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi fueron condenados por administración fraudulenta, por haber permitido que prosperara el vaciamiento de los fondos públicos sin ejercer los controles pertinentes. Este “pacto de complicidad” entre el sector público y privado configuró, según la fiscalía, una estructura criminal organizada para el lucro ilícito, donde la tragedia era una consecuencia previsible. La justicia también documentó intentos de encubrimiento posteriores al choque, incluido el del maquinista Marcos Córdoba, condenado por estrago culposo y por sustraer el disco rígido de la cabina, y de peritos oficiales acusados de falsear testimonios para concentrar la culpa en el eslabón más débil.
Con De Vido la clave es el show antiperonista Tiene 75 años Podrían dejarlo detenido en su casa pero quieren q desfile Nunca le encontraron un mango no declarado
— raul kollmann (@tunykollmann) November 13, 2025
Este patrón de encubrimiento se repitió en un incidente posterior, ocurrido en octubre de 2013, cuando otra formación del Sarmiento chocó en la misma estación. En esa oportunidad, el motorman Julio Benítez fue acusado de intentar sustraer la memoria de las cámaras de seguridad de la cabina, un hecho que el entonces ministro Florencio Randazzo confirmó y que avivó denuncias de “sabotaje electoral”. Según la nota de los medios que cubrieron el evento, Randazzo aseguró que “nada ni nadie va a torcer la voluntad política de la presidenta y de este ministro”, mientras que el gremio de La Fraternidad cuestionó la versión oficial, planteando dudas sobre la capacidad de un conductor herido para ejecutar tal acción.
Con la condena firme de De Vido, la justicia argentina sella un precedente al vincular directamente la corrupción en la gestión de servicios públicos con la pérdida de vidas humanas. No obstante, el exministro, de 75 años, solicitó cumplir la pena en su domicilio por razones de edad y salud, un pedido que el TOF 4 deberá resolver próximamente. Mientras tanto, su defensa anunció que llevará el caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, criticando a la Corte Suprema por lo que calificó de “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” al rechazar sus recursos.
