La sentencia del Tribunal Oral Federal N° 8 que condenó a Marcelo D’Alessio a trece años y medio de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de activos entre 2016 y 2019, ha trascendido el mero castigo a sus integrantes directos. Los fundamentos de la condena, conocidos el pasado 15 de septiembre, funcionan como una radiografía detallada de una trama cuyas ramificaciones alcanzaron las más altas esferas del poder durante el gobierno de Mauricio Macri, exponiendo una inquietante connivencia entre una organización criminal, funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y ciertos medios de comunicación. El fallo de más de mil páginas no solo describe las maniobras delictivas, sino que señala con preocupación la inacción de las instituciones destinadas a prevenir este tipo de actividades, dejando al descubierto “sombras que recayeron sobre la propia administración de justicia”.
Uno de los aspectos más graves que destaca la resolución judicial es la relación probada entre D’Alessio y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los magistrados Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli dieron por acreditado que el condenado mantenía comunicación directa con Bullrich, a quien reportaba supuestas investigaciones criminales. Según los datos proporcionados por la empresa Movistar, los mensajes de WhatsApp fueron enviados al número personal de la entonces y actual ministra. En una de las capturas de pantalla incorporadas a la causa, D’Alessio le ofrece “una escucha” y “un arrepentido” vinculado a la banda narco “Los Monos”, a lo que Bullrich responde pautando una reunión para recibir el material. Para el tribunal, este intercambio evidencia que la ministra estaba al tanto de que una persona ajena a las fuerzas de seguridad realizaba tareas de inteligencia, sin que ello generara alarma o acción alguna para impedirlo. “Varias de las víctimas aseveraron en juicio que D’Alessio se jactaba de su relación con Bullrich”, agregaron los jueces, subrayando que esta señal de alerta tampoco derivó en la disolución de la organización.
"Hola Patricia. Espero que estés bien Vengo! Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso”.
— Natalia Salvo (@NataliaBSalvo) May 27, 2021
Chat de Dalessio con Patricia Bullrich#LaCuevaDePato pic.twitter.com/9TrvJykiq1
La trama también exhibe una estrecha y funcional vinculación con el fiscal federal Carlos Stornelli. El fallo analiza minuciosos chats en los que se demuestra un activo intercambio de mensajes –92 en apenas 11 horas– donde se coordinan operaciones. Un caso paradigmático es el de Jorge Christian Castañón, ex pareja de la entonces compañera sentimental de Stornelli, donde el fiscal le pide expresamente a D’Alessio que actúe en su contra. “D´Alessio le ofrece a Stornelli ‘hacerle algo peor’ (…) incriminar a Castañon falsamente”, detalla la sentencia, mostrando cómo el vínculo de confianza era un “activo importante” para la asociación ilícita. Esta colaboración se repitió en el caso del abogado José Manuel Ubeira, amigo de Stornelli durante 15 años, contra quien se planeó una cámara oculta, y en la gestión del testimonio del ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, a quien D’Alessio presionó para declarar bajo un guion preestablecido, llegando a grabarlo dentro de la propia fiscalía. Stornelli, quien llegó a estar procesado por siete hechos, fue sobreseído cuando la causa se trasladó del juzgado de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla –cuya labor fue elogiada por el TOF 8–, a los tribunales de Comodoro Py.
Recién, en #DetrásDeLasNoticias, nos acordamos que Marcelito D'Alessio habló de Vicentin... pic.twitter.com/xctRey2Jd7
— Sergio Villone (@sergioVillone) June 10, 2020
El entramado mediático constituye otra pieza clave de la maquinaria. El periodista de Clarín Daniel Santoro, quien actualmente goza de una falta de mérito, aparece involucrado en operaciones concretas de presión. En el caso del empresario Mario Cifuentes, los jueces reconstruyeron una secuencia elocuente: D’Alessio le envió a Santoro un archivo sobre el empresario, días después el periodista “equivocó” el nombre de su empresa en el programa Animales Sueltos –al que también concurría D’Alessio como especialista– y finalmente publicó una nota en su medio consignando una deuda millonaria, cifra que coincidía con información confidencial hallada en la computadora del espía. Esta coordinación, según el tribunal, formaba parte del patrón sistemático de extorsión.
Los fundamentos de la sentencia abren ahora una nueva etapa, ya que dejan expuesta la posibilidad de reabrir investigaciones sobre quienes, habiendo estado involucrados, fueron sobreseídos o cuentan con falta de mérito. La Corte Suprema tiene en sus manos quejas de querellantes que podrían revisar la situación de Stornelli, mientras que la voluntad de la justicia de seguir las líneas de investigación señaladas por el TOF 8 será determinante. El fallo no solo condena a los imputados, sino que interpela directamente a la democracia, cuestionando cómo una estructura de estas características pudo operar con tal impunidad bajo la mirada de quienes debían garantizar el estado de derecho.
