Cristina suma a los abogados de Lula y lleva su caso a la ONU

Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y activó una de las últimas fichas que le quedaban en el tablero judicial. La ex presidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una movida que busca internacionalizar su situación y que viene acompañada de una carta abierta publicada en medios como El País de España y Libération de Francia. No es un mero gesto retórico: para esta nueva etapa, sumó a dos juristas de peso, el brasileño Rafael Valim, que defendió a Lula da Silva en el caso Lava Jato, y el español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La pregunta que sobrevuela el anuncio es hasta dónde puede llegar este reclamo y si realmente tiene chances de modificar el escenario judicial local.

En la carta, que también difundió en sus redes bajo el título “El costo democrático de la politización de la justicia”, CFK plantea que su condena no es un hecho aislado sino parte de un fenómeno más amplio que atraviesa a varias democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió. Y fue más lejos al afirmar que “estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”. La ex mandataria insiste en que la proscripción es la verdadera pena: “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”. La lectura que propone es política y judicial a la vez, y apunta a instalar la idea de que el sistema de justicia se utilizó como un arma para neutralizar a una dirigente que no pudo ser derrotada en las urnas.

La presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos detalla ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre ellas, el derecho a ser elegida, la falta de un tribunal independiente, la violación de la presunción de inocencia y la imposibilidad de una revisión efectiva por parte de un tribunal superior. Los abogados de la ex presidenta sostienen que el proceso estuvo viciado desde su origen y que la Corte Suprema, que dejó firme la condena el 10 de junio de 2025, no respondió a los planteos de la defensa. “Todas estas cuestiones que la Corte debía haber tratado terminaron sin respuesta”, lamentó Alberto Beraldi, el abogado que encabeza el equipo, en la conferencia de prensa que dieron este miércoles en un hotel del microcentro. Borrego, por su parte, afirmó que al revisar el expediente encontró “tantas violaciones y arbitrariedades” que justifican el recurso internacional. Valim, en tanto, aclaró que “no es un acto de agresión al sistema judicial argentino” y que lo que buscan es que “una ciudadana argentina tenga sus derechos respetados”.

Pero la gran incógnita es qué poder real tiene el Comité de la ONU para modificar el estado de la causa. La respuesta, para ser claros, es que mucho menos de lo que suena. El Comité no es un tribunal, no dicta sentencias vinculantes y sus pronunciamientos, llamados dictámenes u observaciones, no pueden anular un fallo de la Corte Suprema argentina ni ordenar la liberación de nadie. Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto, aceptó cooperar de buena fe, pero eso no significa que esté obligada a cumplir las recomendaciones. Lo que sí puede lograr la presentación, y probablemente ese sea el objetivo real, es instalar una narrativa de persecución política en el plano internacional que hoy circula casi exclusivamente puertas adentro. El antecedente de Lula da Silva es elocuente: el Comité concluyó en 2022 que su proceso en Lava Jato había vulnerado garantías, pero la condena no cayó por ese dictamen sino porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló los fallos por motivos de derecho interno. El pronunciamiento de Ginebra funcionó como respaldo político y argumental, no como herramienta jurídica que produjo la anulación.

La defensa también solicitó medidas cautelares urgentes, como la suspensión de la inhabilitación perpetua y el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema. Además, pidieron la modificación del régimen de prisión domiciliaria: el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de restricciones de visitas y el acceso al aire libre. Todo esto mientras la ex presidenta cumple arresto domiciliario en Buenos Aires y la causa Vialidad sigue firme, con un decomiso de 684.990 millones de pesos que la Corte también dejó en pie el 2 de julio pasado. CFK, en su carta, vinculó la persecución que denuncia con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, un episodio que, según su relato, evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática. “Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo”, escribió, y cerró con un mensaje a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”.