Cristina Kirchner ha impulsado de forma reservada una negociación con el gobierno de Javier Milei para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia y cubrir otros cargos clave en el sistema judicial. Desde su residencia en Constitución, donde cumple una condena, la ex presidenta transmitió la directiva de que “el momento es ahora”, según fuentes con contacto regular con ella. Para esta delicada misión, designó al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, desplazando de la conversación a figuras que anteriormente llevaban la posta, como el senador Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Manuel Olmos. En el entorno kirchnerista se atribuye este cambio a una pérdida de confianza, señalando que varios de los magistrados que intervinieron en su condena fueron designados durante el período en que De Pedro tenía una influencia determinante en el Consejo de la Magistratura, aunque colaboradores del senador argumentan que esos nombramientos fueron fruto de negociaciones en las que el oficialismo de entonces proponía dos candidatos y la oposición uno.
La negociación no se limita a las dos vacantes en el máximo tribunal. El paquete incluye también la Procuración General de la Nación, sin titular estable desde 2017, y la Defensoría del Pueblo, un cargo que lleva 16 años sin ocupar. La urgencia tiene una lógica política concreta: a partir de diciembre, el bloque peronista en el Senado contará con 28 bancas, sumadas a las 20 del oficialismo, alcanzando justo los dos tercios requeridos para confirmar jueces de la Corte y al procurador. Sin el apoyo del peronismo, el Gobierno se vería incapacitado para avanzar. En Diputados, si bien la aritmética en principio favorece una aprobación, la bancada de Unión por la Patria es menos homogénea y no responde de manera vertical a Cristina. Se especula que la ex presidenta desea que uno de los nuevos ministros del tribunal sea una mujer, aunque se descarta que la elegida sea Graciana Peñafort.
Paralelamente, se ha revelado la existencia de un canal de comunicación secreto y de creciente vigor entre Cristina Kirchner y Karina Milei, la hermana del Presidente. Este vínculo habría sido determinante para desactivar iniciativas que afectaban a la ex mandataria, como el intento de la ministra Patricia Bullrich de cambiarle la custodia policial, una medida que fue frenada por Karina tras una solicitud directa de Cristina. Según un dirigente peronista que conoce a ambas, “Bullrich le quiso cambiar la custodia y Karina llamó para decir que no”. Esta sintonía se habría traducido en una desaceleración de investigaciones legislativas contra la hermana del Presidente, tanto en el Senado como en Diputados, donde comisiones clave parecen haber entrado en una parálisis ostensible. Además, desde el oficialismo se señala la intervención de Karina en el fracaso de un proyecto de ley “Ficha Limpia” que apuntaba a proscribir políticamente a la ex presidenta.
Este acercamiento entre las dos mujeres, sin embargo, genera tensiones internas en el gobierno. La avanzada de Karina Milei y de figuras como Martín y “Lule” Menem para conducir la negociación judicial choca con los planes del asesor presidencial Santiago Caputo, quien hasta ahora pretendía concentrar esa gestión a través del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Se recuerda que una negociación anterior, encabezada por Caputo, naufragó porque el Gobierno no aceptó discutir el “combo” de cargos que exigía el kirchnerismo. En el Senado, se identifica a la mendocina Anabel Fernández Sagasti como un nexo clave que baja la línea de Cristina y mantiene contacto con el entorno de Karina, mientras que en la bancada libertaria se minimiza la influencia de los Menem en este proceso. El escenario postelectoral, que dejó a Karina fortalecida frente a Caputo, parece haber creado una ventana de oportunidad para destrabar uno de los conflictos institucionales más prolongados.
