Todo arrancó cuando el periodista Pablo Ibáñez destapó en C5N que en delegaciones del PAMI manejadas por funcionarios de LLA había “manejos irregulares”. Según el informe, Alberto Pascual —jefe del PAMI en Junín y operador de Pareja— fue desplazado tras detectarse irregularidades. Pero eso fue solo la punta del iceberg: desde el organismo admitieron que heredaron un sistema de “prácticas discrecionales”, como el uso masivo de “vías de excepción” para comprar medicamentos sin licitaciones, algo que facilitaba desvíos de fondos.
El escándalo escaló con el testimonio de Viviana Aguirre, ex coordinadora contable del PAMI y diputada provincial suplente de LLA. En una entrevista radial, Aguirre reveló que le exigieron pagar “un millón de pesos de retorno” para asumir como directora del organismo, además de firmar “papeles ilegales”. Según ella, el pedido vino de Juan Esteban Osaba, brazo derecho de Pareja. “Me hicieron renunciar a mi trabajo, y un mes después me dijeron: ‘Vivi, entrás como directora, pero tenés que dar un millón’“, contó.
Aguirre, que contó que aportó 15 millones de su bolsillo para la campanña de Milei, también denunció que en LLA se vendían candidaturas a “y acusó a dirigentes del partido de vincularse con “narcotráfico y maltrato a mujeres”. “Creí que Milei iba a terminar con la casta, pero metieron gente con prontuario”, disparó. Además, detalló un esquema de corrupción en el PAMI: “Los desvíos se manejan desde central. Se cobra por servicios que ya están cubiertos al 100%. Es una estafa”.
DIPUTADA DE LLA denuncia corrupción en PAMI para financiar a Karina
— El Profe Romero (@romerodiario) May 5, 2025
"Creí en Milei, puse más de 15 millones en la campaña. Me ofreció ser directora de PAMI, tenía que firmar papeles ilegales y darle un millón de pesos por mes. Me dijo: 'lo ponés en un sobre y lo paso a retirar'" pic.twitter.com/BMSbrSb9LQ
La sombra de Pareja y el “karinismo”
Sebastián Pareja, presidente de LLA en provincia y hombre de confianza de Karina Milei, está en el centro de la tormenta. No solo por los operadores desplazados en el PAMI, sino también por su rol en la venta de cargos. Aguirre lo vinculó directamente: “Pareja vendía las candidaturas. A mí me ayudó Carlos Kikuchi, pero otros tenían que pagar”.
El escándalo llega en un momento crítico para el oficialismo, que prometió “terminar con la casta” pero hoy enfrenta acusaciones idénticas a las que usó contra el kirchnerismo. De hecho, el PAMI reconoció que “durante años fue usado con fines políticos”, pero la denuncia de Aguirre muestra que el modelo no cambió: según ella, los fondos se usan para financiar operaciones del “karinismo” en territorio bonaerense.
El pasado turbio de los nuevos “gerentes”
La trama incluye a viejos conocidos. Daniel Leguizamo, actual subdirector ejecutivo del PAMI, ya había sido denunciado en 2022 por la exdiputada Graciela Ocaña por desvíos de fondos a entidades ligadas a La Cámpora. Aunque recibió falta de mérito, su nombre resurge ahora junto al del ministro de Salud Mario Lugones, quien —junto a Leguizamo— evitó presentarse a dos citaciones del Congreso para explicar problemas en la entrega de medicamentos.
El PAMI anunció una “revisión integral” para eliminar “prácticas heredadas”, pero las denuncias de Aguirre sugieren que el problema es actual. Mientras el oficialismo insiste en culpar a los gobiernos anteriores, la diputada suplente asegura que los desvíos “se manejan desde PAMI central” y que hay “prestadores que cobran dos veces por el mismo servicio”.
El caso Aguirre no es menor: ella fue fiscal general en las elecciones y aportó dinero y logística para LLA. Su relato de cómo “la casta” sobrevivió dentro del partido que prometió exterminarla podría costarle caro a Milei, especialmente cuando su hermana Karina —la mano derecha— está ligada a Pareja, el eje de las acusaciones.
¿Quién controla la caja?
Con el PAMI en llamas y una arrepentida dispuesta a llevar pruebas a la Justicia, LLA enfrenta su primera gran crisis de gestión. La promesa de transparencia choca contra un sistema de coimas y venta de cargos que, según los denunciantes, replica los peores vicios de la política tradicional. La duda es si Milei actuará contra sus propios operadores o dejará que el escándalo se tape solo, mientras los jubilados siguen esperando sus medicamentos.
