Un informe reservado de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expone graves deficiencias en el sistema de vigilancia de la Aduana, revelando un escenario de descontrol que favorece el ingreso de mercadería ilegal y abre la puerta a posibles actos de corrupción. La auditoría, que evaluó el período 2023-2024 y cuyas inspecciones de campo se realizaron entre noviembre y diciembre del año pasado, identificó al menos 291 cuestiones problemáticas, con más de 190 cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) que presentan fallas críticas: algunas apuntan hacia direcciones incorrectas, otras tienen los cables cortados o permanecen tapadas, y en conjunto carecen de un mantenimiento adecuado. El documento, publicado por la periodista Camila Dolabjian para La Nación, enumera cuatro observaciones de “alto impacto”, entre las que se incluyen “deficiencias en el control efectuado por la Aduana a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)”, una “inadecuada distribución de cámaras de monitoreo entre las Aduanas” y la “ausencia de una contratación para el mantenimiento del sistema”, lo que configura un marco de vulnerabilidad operativa.
Estas falencias técnicas coinciden con una alarmante denuncia de la Unión Industrial Argentina (UIA), que alertó sobre un fuerte incremento del contrabando en diversos rubros. Según la entidad, productos como ropa, calzado, cigarrillos electrónicos y cerveza ingresan de manera ilegal, copando hasta el 40% del mercado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La situación es particularmente crítica en electrónica, donde “uno de cada tres celulares que se activa en la Argentina no fue fabricado en el país ni importado legalmente”, tal como publicó el medio Alerta Empresaria, y en el caso de los teléfonos de gama baja, el 40% ingresa de forma clandestina, principalmente desde Paraguay. La UIA atribuyó este fenómeno a un relajamiento deliberado de los controles, agravado por modificaciones normativas que redujeron la vigilancia sobre las importaciones.
La diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, se refirió al informe de SIGEN señalando que “es altamente preocupante el informe de la Sigen en cuanto a las deficiencias en el sistema del centro único de monitoreo en la Aduana, la inadecuada distribución de las cámaras y la ausencia de una contratación de mantenimiento”. Esta perspectiva se ve reforzada por testimonios de despachantes de aduana y empresarios, quienes reportan un aumento en los pedidos de sobornos por parte de inspectores, quienes aprovechan la congestión en los depósitos y la ansiedad de los importadores por retirar su mercadería. Fuentes ligadas al organismo describen una práctica recurrente: productos que deberían circular por el canal verde de revisión aleatoria son desviados arbitrariamente al canal naranja, donde se exigen documentaciones adicionales que justifican solicitudes de coimas.
Hoy en #FotoCarnet, la sección especial de #CódigoDolabjian: "Las cámaras que deberían velar por la seguridad y el control del país, no andan”.
— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 28, 2025
@camidolabjian analizó la denuncia que hizo la SIGEN sobre el sistema de control de la Aduana y sus irregularidades.… pic.twitter.com/tJTTMAwKPR
El contexto de opacidad se ve potenciado por las influencias políticas en la cúpula aduanera. El titular de la Aduana, José Andrés Velis, con 44 años de trayectoria en el organismo, forma parte de una estructura bajo la órbita de Santiago Caputo, asesor presidencial, y ha sido asociado con las redes de Leonardo Scatturice, lobbysta y dueño de Flybondi. Un episodio que ilustra esta dinámica fue la llegada a Aeroparque de un avión privado desde Miami, perteneciente a Scatturice, cuyas valijas no fueron revisadas pese a las cámaras que registraron un llamado a alguien de la Aduana que aparentemente autorizó el paso sin control. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que responde al ministerio de Economía de Luis Caputo, se defiende la gestión argumentando que se está “normalizando el comercio exterior en línea con los países de la región”, aunque admiten que los controles con scanners han disminuido y que productos antes considerados de riesgo, como los provenientes de España y México, ya no pasan automáticamente por el canal rojo.
La conclusión del informe de SIGEN es contundente: las debilidades detectadas “requieren intensificar la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades responsables en orden a superar las debilidades apuntadas a efectos de optimizar las tareas llevadas a cabo por el organismo, relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera”. Mientras la Aduana reporta haber secuestrado 1.864.129 unidades de mercadería irregular entre enero y agosto de 2025, la evidencia sugiere que esta cifra representa solo una fracción de un flujo clandestino que socava a la industria formal, reduce la recaudación fiscal y expone a los consumidores a productos sin garantías sanitarias, en un marco de aparente impunidad para los operadores del sistema.
