Con el impulso decidido del oficialismo y el apoyo crítico de varios gobernadores, la Cámara de Diputados se apresta a dar media sanción al Presupuesto Nacional para el año 2026, en un proceso acelerado que ha generado fuertes controversias por el contenido de la iniciativa y los métodos empleados para asegurar su aprobación. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, bajo la presidencia del economista “Bertie” Benegas Lynch, constituyó su integración con una holgada mayoría para el bloque libertario, una composición que fue cuestionada por sectores de la oposición que denunciaron una distribución arbitraria de las bancas. Según confiaron a La Voz fuentes cercanas al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, las negociaciones no avanzaron con esa provincia, por lo que su bloque en Diputados, Unidos, presentará un dictamen propio centrado en preocupaciones como los fondos previsionales y el crédito para obra pública.
El dictamen de mayoría, que obtuvo 28 firmas, replica en gran medida el proyecto tratado en noviembre y proyecta un crecimiento del PBI del 5% con una inflación del 10,1%, apuntando a un superávit fiscal del 1,5%. Sin embargo, su letra final, conocida apenas este martes, incorpora la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, normas que el Presidente Javier Milei había vetado pero que el Congreso había insistido con dos tercios de los votos. Esta medida desató el rechazo de un amplio arco opositor y hasta provocó disidencias dentro de los mismos bloques que acompañaron el dictamen, como la UCR y el PRO, cuyos diputados Fernando De Andreis y Daiana Fernández Molero también objetaron la falta de previsión de fondos para la coparticipación que la Corte Suprema ordenó pagar a la Ciudad de Buenos Aires.
El avance se logró con el respaldo clave de legisladores ligados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan), provincias que recientemente recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este apoyo, sumado al de los interbloques PRO-UCR-MID, permitió al oficialismo salvar el requisito de las 25 firmas necesarias para dictaminar. En paralelo, también alcanzaron estado parlamentario otros dos proyectos impulsados por el Ejecutivo: una modificación al Régimen Penal Tributario, que eleva los montos para configurar el delito de evasión con el objetivo de incentivar el blanqueo de capitales, y la polémica ley de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Esta última, de dudosa constitucionalidad según varios juristas, establece penas de prisión e inhabilitación para funcionarios que dispongan gastos no financiados, una iniciativa que dificultaría la gestión de futuros gobiernos.
La sesión del miércoles promete ser una maratón legislativa donde el oficialismo, que por primera vez se encamina a votar como primera fuerza, espera aprobar los tres textos para enviarlos al Senado con un margen de tiempo muy acotado debido a las fiestas de fin de año. Mientras tanto, Unión por la Patria, en un claro repliegue tras los resultados de octubre, presentó un dictamen de minoría que incluye no solo las leyes derogadas por el oficialismo, sino también la recomposición jubilatoria y obras de infraestructura clave para varias provincias. La estrategia del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, de priorizar el diálogo directo con los gobernadores por sobre las negociaciones dentro del Congreso, parece haber dado frutos inmediatos, aunque al costo de agudizar los conflictos con una oposición que se siente marginada en el reparto de las comisiones. Un legislador kirchnerista, reflejando este malestar, afirmó que los libertarios “usaron el sistema D’Hont como se les cantó”.
