En el marco de una investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, se encuentra en una situación legal cada vez más compleja. Tras la renuncia de sus abogados particulares, que alegaron “motivos personales” para abandonar su defensa, el exfuncionario fue asistido por el defensor oficial Hernán Silva, tal como publicó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito. Este cambio en su estrategia legal ocurre en simultáneo con la confirmación de un informe técnico de la DATIP que reveló que Spagnuolo borró información de manera manual de su teléfono celular, un iPhone 16 Pro Max, un día antes de que el dispositivo fuera allanado en su domicilio de Pilar, y a poco de publlicarse los audios. El análisis forense detectó también intentos de restablecer su cuenta de WhatsApp en otro aparato, lo que llevó al fiscal Franco Picardi a solicitar medidas urgentes para recuperar los datos eliminados mediante una sincronización con la nube.
La trama de la investigación se ve ampliada por declaraciones testimoniales que involucran a figuras cercanas al poder. El abogado Agustín Rodríguez, panelista del streaming Neura de Alejandro Fantino, declaró ante el fiscal Picardi que Spagnuolo le confió que Eduardo “Lule” Menem era quien “manejaba todo” en la agencia. Rodríguez relató una entrevista en la que Spagnuolo, tras solicitar ser entrevistado, se retractó en el aire y evitó toda mención a Menem. Este testimonio se suma al del especialista en comunicación Fernando Cerimedo, quien afirmó que Spagnuolo le comentó que los sobreprecios en los medicamentos se habían aumentado un tres por ciento para que Menem se llevara su “retorno”, estimado en “un palo por mes”. Para los investigadores, estos dichos, aunque son de oída, “robustecen la hipótesis” al coincidir con grabaciones y documentación.
La causa, caratulada como “Denunciado: Milei, Javier y otros/ defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”, avanza en múltiples frentes. El fiscal Picardi investiga “maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre de 2023 a agosto de 2025”, que habrían contado con la “voluntad de integrantes del gabinete”. En este contexto, se han levantado el secreto fiscal y bancario de todos los investigados, incluyendo a Spagnuolo, el exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini y los hermanos Kovalivker, socios de la Droguería Suizo Argentina. La propia droguería se presentó en la causa, representada por los abogados Santiago Kent y Alejandor López Lecube, y pidió extremar los recaudos con la información de su servidor por contener datos sensibles de pacientes.
Mientras la investigación judicial profundiza en los aspectos financieros y comunicacionales, la denuncia presentada por el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, añade una capa política al escándalo. Paulón imputó al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la demora en la publicación y puesta en vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. El expediente, que ya supera las doscientas fojas, continúa sumando elementos, incluyendo informes de empresas telefónicas, bancos y sumarios policiales de allanamientos donde se incautó dinero y computadoras, en una trama que parece alcanzar cada vez más alto en la estructura del gobierno.
