Cancillería le da un contrato millonario a la empresa de la esposa de Sturzenegger

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto formalizó la adjudicación de un contrato por un monto superior a los 114 millones de pesos a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una entidad cuya dirección ejecutiva está a cargo de María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La operación, tramitada mediante una adjudicación simple por especialidad y publicada en el sistema COMPR.AR, quedó sellada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE y tiene como objeto la capacitación en idioma inglés de 132 agentes de la Cancillería entre los meses de marzo y noviembre de este año, con posibilidad de prórroga por un período similar. El servicio incluye cursos regulares, talleres especializados para personal diplomático del ISEN, tests de nivelación, plataformas virtuales de apoyo y la provisión de materiales bibliográficos de editoriales como Oxford y Cambridge, lo que según fuentes de la entidad justifica el valor final de la contratación.

Dado el vínculo familiar entre Rouillet y un integrante del Gabinete nacional, el expediente activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017, que establece procedimientos de integridad para prevenir conflictos de intereses. En ese marco, intervinieron tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos que analizaron la declaración jurada de intereses y encuadraron la relación como “familiar (matrimonio)” entre la directora de la entidad beneficiaria y el ministro Sturzenegger. Como resultado de esa revisión, se implementó un “mecanismo adicional de transparencia” que derivó en la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI, un acuerdo formal mediante el cual ambas partes se comprometen a garantizar la transparencia del proceso y a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

La propuesta para la realización de los cursos fue presentada por la propia Rouillet ante la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de Cancillería, área que argumentó en el expediente que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa debido a su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio. Al momento de la apertura del proceso, se registró una única oferta, la presentada por Rouillet en representación de la asociación, por el monto total que finalmente fue adjudicado. El esquema de pagos prevé un adelanto de hasta el 40 por ciento del total una vez perfeccionado el contrato, mientras que el saldo restante se abonará en dos tramos del 30 por ciento cada uno, sujetos a la presentación de resultados de exámenes intermedios y a las calificaciones finales al cierre del ciclo lectivo.

El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las críticas que generó la contratación y defendió la transparencia del procedimiento a través de un mensaje en su cuenta de la red social X. “No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario”, sostuvo el jefe de la diplomacia nacional, quien recordó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a su personal y que, en esta ocasión, al ser la directora ejecutiva la esposa de un ministro, se activaron todos los controles previstos con intervención de la OA y la SIGEN. Quirno añadió que el expediente se tramitó de manera pública y que la documentación se encuentra íntegramente publicada en los sistemas oficiales, lo que permite verificar el cumplimiento de cada uno de los pasos administrativos.

Desde el entorno del ministro Sturzenegger, su vocero remitió al informe elaborado por la Oficina Anticorrupción que obra en el expediente y subrayó que, a partir de ese dictamen, “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”. Fuentes vinculadas a la entidad educativa señalaron, por su parte, que los valores abonados por Cancillería son inferiores a los que paga un alumno regular de la AACI y que el precio se fijó en marzo, a diferencia de las cuotas de los estudiantes particulares que se actualizan con la inflación. Explicaron además que la contratación no es equiparable a la de una profesora particular en un organismo estatal, ya que el servicio integral incluye continuidad pedagógica aún ante eventuales ausencias docentes, certificaciones con validez internacional y la provisión de materiales originales.

El sistema de contrataciones públicas registra, además del expediente correspondiente a 2026, una orden de compra previa tramitada en 2024 con el mismo objeto y por un monto superior a los 55 millones de pesos. En aquella ocasión, según surge de la documentación disponible en el portal COMPR.AR, no se publicó un Pacto de Integridad asociado al contrato, y las cláusulas particulares del pliego no se encontraban disponibles para descarga al momento de ser consultadas. Fuentes oficiales justificaron esa diferencia señalando que, cuando se ejecutó ese contrato a principios de 2024, Sturzenegger aún no ocupaba formalmente un ministerio, aunque se desempeñaba como asesor ad honorem del presidente Javier Milei en la instrumentación de la ley Bases. Agregaron que aquella contratación había sido aprobada para el comienzo de las clases y que su tramitación se inició antes de que Milei asumiera la Presidencia.

La noticia reavivó las críticas de sectores de la oposición sobre los mecanismos de contratación del Estado cuando involucran a familiares directos de altos funcionarios. La senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, calificó la operación como “un choreo de acá a Júpiter” y anunció que presentará una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet por presuntas irregularidades en la adjudicación. La legisladora ironizó además sobre la supuesta especialidad de la familia del ministro en el dominio del idioma inglés. Sin embargo, desde el Gobierno reiteraron que el procedimiento fue revisado por los organismos de control, que se ajustó estrictamente a la normativa vigente y que todos los pasos fueron dados con la transparencia que exige la ley.

Algunos altos funcionarios consultados en off the record por un matutino porteño atribuyeron la polémica a una “operación” del kirchnerismo contra Sturzenegger por su impulso a proyectos como la reforma laboral, y sostuvieron que el escándalo “surge por hacer las cosas bien”, en referencia a la activación del Pacto de Integridad. Otros, en cambio, prefirieron mantener un perfil bajo y no realizar declaraciones públicas sobre el tema. La Asociación Argentina de Cultura Inglesa, con sede en la calle Suipacha al 1300 del barrio porteño de Retiro, es una entidad con larga trayectoria en la enseñanza del idioma y mantiene vínculos contractuales con Cancillería desde hace al menos ocho años, lo que según sus autoridades despeja cualquier sospecha sobre una contratación improvisada o direccionada exclusivamente por el vínculo familiar.

Más allá de las justificaciones oficiales, el caso expone las tensiones que atraviesa un gobierno que construyó gran parte de su identidad política sobre el discurso de la austeridad fiscal y el combate a la corrupción, y que ahora debe enfrentar cuestionamientos por una contratación millonaria con una empresa dirigida por la esposa de un miembro del Gabinete. Los 114 millones de pesos adjudicados representan un costo de aproximadamente 191 mil pesos por hora cátedra si se consideran las 594 horas totales de capacitación presencial previstas, un valor que, pese a las explicaciones técnicas sobre los servicios adicionales incluidos, resultó llamativo para diversos observadores. La polémica, además, pone el foco sobre la trayectoria de Rouillet, quien ya había ocupado cargos públicos durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Sturzenegger presidía el Banco Central, y posteriormente manejó programas de mecenazgo cultural en el gobierno porteño, lo que alimenta las sospechas de quienes ven un patrón de acceso a recursos estatales basado en vínculos personales antes que en criterios de mérito o necesidad.

El contrato con la AACI incluye el dictado de cinco cursos regulares para 110 participantes, talleres especializados para 22 diplomáticos en formación y hasta 80 tests de nivelación. Las clases se desarrollarán en la sede de la asociación entre marzo y noviembre, con una carga de diez horas mensuales por curso en franjas horarias que van de las 13 a las 17, mientras que los talleres tendrán una duración de ocho horas mensuales. El servicio contempla además el seguimiento de asistencia, informes de progreso y la certificación conforme a estándares internacionales. La directora ejecutiva de la entidad, en su carácter de persona expuesta políticamente por su matrimonio con un ministro, quedó sujeta a los controles adicionales que la normativa establece para estos casos, aunque desde el Gobierno insisten en que eso no implica ningún tipo de impedimento para que la AACI continúe prestando servicios al Estado, tal como lo ha hecho durante años.