El gobierno de Javier Milei ultima los detalles para el envío al Congreso de su proyecto de reforma laboral, una iniciativa que modifica sustancialmente el régimen de empleo y que la flamante jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, pretende someter a un trámite exprés. La exministra de Seguridad, que asumirá formalmente su banca este miércoles, ya dejó en claro su estrategia: obtener una media sanción en la Cámara alta antes de fin de año. “Mi idea es que este miércoles los bloques propongan sus senadores para integrar la comisión laboral y empezar a tratarlo de inmediato”, dijo Bullrich, según publicó el medio. Con la venia de la Casa Rosada, busca consolidar su primer triunfo político al frente de la bancada libertaria, aunque para ello deberá navegar un Senado donde el oficialismo carece de mayoría propia y negociar con bloques cautelosos como la UCR y el PRO, este último en un proceso de desintegración interna.
El texto final, al que accedió Infobae, introduce una serie de transformaciones profundas bajo el objetivo declarado de “modernizar el régimen de empleo en Argentina a través de reglas claras y previsibles, que desalienten la judicialización”. Entre los cambios más significativos se encuentra una reformulación del cálculo de las indemnizaciones por despido, que excluye del cómputo conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y los premios no mensuales. La base de referencia ya no será la mejor remuneración, sino un promedio de los ítems variables, y se establece un criterio de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor con un plus del 3% anual. Para otorgar “certidumbre”, el proyecto también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento financiado con el 3% de los aportes patronales al sistema previsional, que será administrado por entidades bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores.
La propuesta oficial flexibiliza numerosas condiciones de trabajo. Habilita el pago de salarios en moneda nacional o extranjera, permite el fraccionamiento de las vacaciones con un mínimo de siete días e instituye un banco de horas por convenio colectivo, con la posibilidad de extender la jornada diaria legal de 8 a 12 horas. Asimismo, redefine la figura del trabajador eventual, impidiéndole ocupar cargos gremiales, y establece nuevas causales de extinción del contrato, como la falta de manifestación de continuidad durante dos meses. Para el empleo doméstico, extiende el período de prueba de 30 días a seis meses. En paralelo, crea un Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías para trabajadores de plataformas, a los que define como contratistas independientes sin relación laboral dependiente, otorgándoles ciertas garantías pero legitimando una modalidad de alta informalidad.
Uno de los ejes más controversiales es el que afecta a la negociación colectiva y la actividad sindical. El proyecto pone fin al principio de ultraactividad de los convenios, haciendo que solo se mantengan vigentes las cláusulas normativas hasta que se pacte un nuevo acuerdo, y establece que los convenios de ámbito menor (por empresa) prevalecerán sobre los de ámbito mayor (por actividad). Además, introduce limitaciones al accionar gremial: las asambleas en el lugar de trabajo requieren autorización previa del empleador y el trabajador no percibirá salario durante su desarrollo, mientras que se amplía la lista de actividades esenciales que deben garantizar un funcionamiento del 50% al 75% durante una huelga, una medida que abogados laboralistas ya advierten como potencialmente inconstitucional. También se retira la obligatoriedad de las empresas de retener la cuota sindical y se elimina la cuota solidaria, afectando directamente la financiación de las organizaciones gremiales.
Con el afán de incentivar la formalización, la iniciativa crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones que cumplan ciertos requisitos, como haber estado desocupados o no haber tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025. Para el stock de empleo ya registrado, reduce las alícuotas de los aportes patronales y prevé mecanismos de regularización de relaciones no registradas, con condonaciones de deudas y reconocimiento previsional. Mientras Bullrich apura los tiempos parlamentarios, confiando en el clima político y en alianzas con gobernadores e interlocutores clave como los senadores de Santa Cruz, la oposición y sectores del sindicalismo observan con preocupación una reforma que, según críticos, desequilibra la balanza en favor del empleador y erosiona décadas de conquistas laborales, en el marco de una ofensiva legislativa más amplia que incluye el Presupuesto 2026 y reformas penal y tributaria.
