Hoy, 8 de julio de 2025, es el fin del período de facultades delegadas que el Congreso Nacional otorgó al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases, un instrumento que permitió la emisión de 82 decretos delegados en el marco de la Reforma del Estado, sumados a 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados desde diciembre de 2023. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que no se solicitará una prórroga de estas atribuciones, aunque enfatizó que representaban “apenas el 5%” de la agenda desreguladora gubernamental. En las horas previas al vencimiento, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló una última serie de medidas que profundizan la reconfiguración del aparato estatal.
Entre las disposiciones de cierre, destacan la eliminación de dependencias clave en el Ministerio de Agricultura, como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas. Organismos técnicos emblemáticos, incluyendo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, fueron despojados de su autarquía y transformados en “unidades organizativas” bajo secretarías ministeriales, medida que según los trabajadores configura un vaciamiento de sus capacidades. Sturzenegger justificó estas transformaciones argumentando que muchos organismos descentralizados operaban como “cajas” que generaban trámites innecesarios: “El kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado… Esos organismos, al poder hacer caja empezaron a crear trámites para cobrar”, sostuvo en diálogos con medios del interior. Respecto al INTA, cuestionó su estructura: “Tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”.
Simultáneamente, se concretó el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una medida anticipada y criticada por organizaciones de víctimas de siniestros viales, lo que elimina campañas educativas nacionales, controles en rutas y asistencia a afectados. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte será reemplazada por una Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo. En paralelo, se anunció la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales. El Ministerio de Salud también sufre reestructuraciones: se suprimen sus delegaciones provinciales, se disuelve el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) en Misiones y el ex Instituto Nacional del Cáncer se descentraliza dentro de una secretaría. Además, se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) para gestionar cinco hospitales nacionales, designando a Diego Masaragian al frente.
Este paquete final se suma a un extenso listado de disoluciones y transformaciones ejecutadas durante la vigencia de las facultades delegadas. Fueron eliminados organismos como el INADI, el ENOHSA, el COPREC, el FONCAP y el PRO.CRE.AR, junto a numerosos fondos fiduciarios, incluyendo aquellos destinados a vivienda, desarrollo rural, asistencia a víctimas de trata y emergencias. La lógica de privatización avanzó sobre empresas públicas: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, ENARSA e YCRT fueron transformadas en sociedades anónimas para su enajenación, mientras que el intento de convertir el Banco Nación en S.A. fue suspendido judicialmente en junio. Aerolíneas Argentinas, aunque no incluida inicialmente en la Ley Bases, sufre un vaciamiento progresivo mediante recortes de rutas, personal (1.780 despidos) y oficinas. El ministro Caputo señaló recientemente en la Universidad Austral que la acumulación de reservas dependerá de privatizaciones (citando NASA y AySA, pero también Aerolíneas, Correo Argentino y el Banco Nación “off the record”), venta de activos de AABE, concesiones (como las represas del Comahue, esperando USD 400-500 millones) y *block trades*.
El balance de este año y medio de reformas impulsadas por las facultades delegadas y los DNU muestra impactos controvertidos. Sturzenegger destacó un ahorro de USD 2.000 millones por recorte de 50.000 empleos públicos, afirmando que “cada peso que el Estado deja de gastar es un peso menos en impuestos”. Sin embargo, el mercado laboral registra una pérdida neta de 115.353 puestos privados entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, acompañada por un aumento de la informalidad al 42%. El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), promocionado como atracción de capitales, solo aprobó 5 proyectos (4 preexistentes), con una inversión prometida de USD 2.105 millones para el primer año aún no materializada, y generaría apenas 10.113 empleos, una fracción de los puestos perdidos. En materia tributaria, la reforma del Impuesto a los Bienes Personales redujo su incidencia recaudatoria, beneficiando desproporcionadamente a los mayores patrimonios. La desregulación laboral, con la extensión del período de prueba y nuevos contratos precarios como la figura del “colaborador”, no logró revertir la contracción del empleo formal.
