En el marco de la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la adquisición de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se produjo una declaración judicial que comienza a desarticular lo que los investigadores entienden como un pacto de silencio. Roger Grant, ex coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, prestó declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, según consignaron múltiples medios. En un hecho inédito, ya que el resto de los imputados se había negado a responder preguntas, Grant decidió ofrecer su versión, aunque lejos de admitir ilícitos, apuntó responsabilidades hacia sus superiores. Su relato, calificado por fuentes judiciales consultadas como “poco verosímil”, no logró convencer a los investigadores.
Grant, identificado por la fiscalía como el ejecutor directo de las maniobras irregulares, aseguró que en todo momento “cumplía órdenes” de su jefe inmediato, Daniel Garbellini, quien fuera director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud hasta agosto de este año. Tal como publicó el medio Red interna expuesta, Grant afirmó que era Garbellini quien le indicaba “a quién llamar para ofertar y adjudicar”, deslizando así que las decisiones de direccionamiento de las compras se tomaban en un nivel superior al suyo. Esta declaración adquiere una dimensión política particular al recordarse que, en los audios que dieron origen al escándalo, el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, vinculó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, figura de estrechos lazos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según la reconstrucción periodística, Garbellini habría sido colocado en el organismo por influencia de Menem para controlar su operatoria.
La acusación fiscal pinta un cuadro detallado de las funciones de Grant. “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”, señaló Picardi. El imputado, no obstante, mantuvo durante su indagatoria que desconocía que estas acciones estuvieran mal, insistiendo en que solo seguía directivas. Su incorporación a la ANDIS en junio de 2024, proveniente de la obra social Ospsip donde ya trabajaba con Garbellini, coincidió, según la fiscalía, con el inicio de su rol como operador clave en un “esquema de irregularidades y arbitrariedades”.
Más allá de su vínculo jerárquico con Garbellini, otras pruebas conectan a Grant con núcleos centrales de la presunta trama corrupta. Figura en anotaciones secuestradas en el domicilio de Miguel Ángel Calvete, un imputado clave señalado como “jefe paraestatal” y actualmente detenido. En uno de los cuadernos, correspondiente al 4 de septiembre de 2025, se leía “llamar” y, entre otros nombres, “Roger por precios”. Esta conexión se vio reforzada por intervenciones telefónicas en las que Calvete pregunta por Grant a otra imputada, Lorena Di Giorno, interesándose por lo que le habían secuestrado en un allanamiento. “Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, argumentó el fiscal. La causa avanza ahora hacia la indagatoria de otros ocho exfuncionarios, en una investigación que sigue escalando en la estructura del Estado y revelando los hilos de una compleja red de decisiones amañadas en perjuicio del erario público.
