Allanan al director del Servicio Penitenciario por un negocio millonario de comida contaminada en la cárcel de Ezeiza

En un hecho sin precedentes dentro del sistema carcelario federal, la Justicia allanó las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez, como parte de una investigación que destapa una presunta red de corrupción y cartelización en la provisión de alimentos para los internos del penal de Ezeiza. El operativo, ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, se ejecutó en la mañana del último viernes y estuvo marcado por un tenso episodio en el que el máximo funcionario penitenciario intentó eludir el secuestro de su teléfono celular, entregando un aparato viejo y alegando haber “extraviado” el de uso habitual esa misma jornada. Sin embargo, un peritaje técnico reveló que el dispositivo buscado por la Justicia había emitido su última señal apenas sesenta minutos antes del allanamiento, impactando en una antena del barrio porteño de Barracas, lo que fortalece la hipótesis de que Martínez habría recibido una filtración y destruido pruebas. Este procedimiento no fue aislado, ya que el magistrado también dispuso allanamientos en las empresas proveedoras, en un día clave donde se definía la renovación millonaria del servicio de catering para la Unidad Penal de Ezeiza.

La investigación judicial, de larga data, pivota sobre la sospecha de que la cúpula del SPF permitió y facilitó una “cartelización” del servicio de alimentación en el penal. Según la pesquisa, tras prohibir a la empresa Foodrush continuar operando por graves irregularidades, el servicio fue asumido por la firma Bio Limp, la cual, pese a su nombre, carecía de experiencia en gastronomía. Pronto se descubrió que esta nueva adjudicataria utilizaba los mismos camiones, compartía el personal e incluso facturaba sumas millonarias a la empresa sancionada, operando como una mera pantalla para burlar la decisión judicial. La trama sugiere un mecanismo diseñado para que, pese a los cambios formales, el lucrativo negocio permaneciera en las mismas manos, con la supuesta connivencia de las autoridades penitenciarias que, según el juez Villena, “no podían desconocer” esta maniobra.

Detrás de esta operatoria contractual se esconde un drama humano de proporciones alarmantes. Aproximadamente dos mil personas privadas de su libertad en el penal de Ezeiza están condenadas a una alimentación denigrante y peligrosa. Testimonios recogidos por este medio, como el de Rubén C., un exdetenido liberado recientemente, pintan un cuadro desolador: “Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente”. Las viandas, según múltiples relatos, solían llegar con “cuerpos extraños” como clavos, mechones de pelo, cucarachas o cintas de empaque. La situación es tan extrema que el propio juez Villena, en un acto de verificación in situ, probó la comida y horas después sufrió una fuerte descompensación, que describió como un cuadro “vomitivo”. Los análisis del ANMAT confirmaron de manera irrefutable que los alimentos no eran aptos para el consumo humano, al detectar niveles inaceptables de bacterias como *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes* y *Bacillus cereus*, indicadores de una grave falta de higiene en la manipulación y almacenamiento.

La gravedad del caso se magnifica al contrastar el padecimiento de los internos con el escalofriante volumen de dinero que mueve este negocio. Según datos de la investigación, el contrato para alimentar a los detenidos de Ezeiza representa un flujo financiero de alrededor de 25 millones de dólares anuales. Esta cifra millonaria, sin embargo, no se traduce en calidad sino en un sistema perverso que obliga a los reclusos a depender de la “cantina” del penal para alimentarse, donde los precios son abusivos —un kilo de cebolla a $1.700, un morrón a $4.100— y fuera del alcance de muchos. La crisis alimentaria se entrelaza con otra de salud, ya que internos con patologías crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares no reciben las dietas especiales prescriptas, agravando su condición. Un familiar de un detenido relató a Infobae: “Esta semana, cuando le llevaron la comida a mi tío, uno de los celadores le dijo ‘Así como se la entrego tírela’”, una frase que sintetiza la absoluta desidia institucional.

El entramado de este escándalo conduce inevitablemente a interrogantes sobre los vínculos políticos y personales del principal investigado. Fernando Julián Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, designado directamente por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su nombramiento se produjo en el marco de una reorganización gubernamental que trasladó la órbita del servicio penitenciario del Ministerio de Justicia al de Seguridad. Un dato que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores es que el director se moviliza habitualmente en una camioneta Toyota Hilux gris, cuyo titular registral es Enrique “Quique” Antequera, un referente de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia. Este vínculo, sumado a la sospechosa desaparición de su teléfono, complica aún más la posición del funcionario.

Frente a la magnitud del caso, el juez Villena ha recibido un respaldo político significativo de la actual gestión. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su “excelente predisposición” y otorgó todo su apoyo a la investigación después de que el magistrado se comunicara con ella. Este respaldo se mantiene a pesar de que la fiscal federal Cecilia Incardona haya solicitado la nulidad del operativo del viernes, argumentando cuestiones de forma. Desde el entorno del juez, sin embargo, se responde con contundencia: “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez, más siendo funcionario público”. Villena ha definido el objeto de su pesquisa como el desmantelamiento de “mafias enquistadas hace muchos años” en el sistema penitenciario, una descripción que sugiere que el allanamiento a la oficina del director no es un punto final, sino el comienzo de un capítulo aún más profundo en la limpieza de una estructura de corrupción arraigada.