Adorni tiene 15 días para explicar el origen de su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de justificación patrimonial contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, tras detectar inconsistencias millonarias entre sus ingresos declarados y sus gastos reales durante el período en que se desempeñó como funcionario del gobierno de Javier Milei. La medida, que otorga al exfuncionario un plazo improrrogable de 15 días para responder más de 20 puntos específicos, representa el paso previo a un posible llamado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa que lleva más de cuatro meses de investigación y que tiene como eje central un minucioso informe técnico elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

El documento judicial, que supera las 200 páginas, establece que durante el período analizado, que abarca desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, hasta el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes a los que se sumaron los ingresos comprobados de su cónyuge, Bettina Angeletti, alcanzando un total de $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar durante ese mismo lapso treparon a $272.820.832,20, lo que arroja un desbalance de aproximadamente $43 millones que la Justicia considera no encuentra explicación suficiente. A esa cifra se suman gastos en dólares por USD402.578,12 que tampoco tendrían correlato con los ingresos lícitos acreditados, entre los que se encuentran la compra y remodelación del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición de un departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito, mobiliario para ambos inmuebles, viajes al exterior, alquileres temporarios y otros gastos corrientes.

Entre los puntos más llamativos que deberá aclarar Adorni se encuentra la operatoria con criptoactivos, específicamente los aproximadamente US$200.000 en Bitcoin que declaró y que en la investigación preliminar generó escozor porque el exfuncionario había manifestado en múltiples apariciones públicas su desconfianza hacia las criptomonedas. La fiscalía busca determinar el origen del capital con el que afirma haber iniciado esas inversiones, que no habían sido exteriorizadas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. La Justicia también puso la lupa sobre la utilización de terceras personas para realizar compras y pagos por cuenta de Adorni y su grupo familiar, incluyendo consumos realizados por personas de su entorno como usuarios adicionales de dos tarjetas de crédito vinculadas al exfuncionario, y el pago de honorarios notariales por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio que fueron facturados íntegramente a nombre de Angeletti.

La investigación, que se originó a partir de una denuncia presentada por la entonces diputada nacional Marcela Pagano y que luego fue ampliada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, alcanza también los préstamos familiares atribuidos a su madre, Silvia Pais, y a Norma Zuccolo, que Adorni deberá acreditar con documentación respaldatoria. El requerimiento incluye además la compra de un automóvil Jeep, 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados, 16 facturas de una empresa por más de $2 millones con pagos que no coinciden con los montos facturados, deudas con el Banco Galicia que desaparecieron de declaraciones posteriores y acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación que no provienen de organismos públicos. El caso obligó a Adorni a dar un paso al costado de su cargo, aunque el presidente Milei continúa sosteniendo que es “inocente” y “honesto”, según declaró el mandatario la semana pasada, mientras que el exfuncionario ya había intentado justificar parte de su incremento patrimonial a través del blanqueo de la ley de Inocencia Fiscal, aunque esa información tampoco la presentó ante la Justicia.

La medida de Pollicita, que fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo, fue elaborada durante la feria judicial y en los tribunales de Comodoro Py la interpretan como una “indagatoria blue” que deja a Adorni en una situación procesal delicada. El fiscal trabajó con información proveniente de declaraciones juradas patrimoniales, registros inmobiliarios y automotores, Migraciones, cuentas bancarias, plataformas de activos virtuales como Binance, Lemon y Buenbit, Mercado Pago, organismos tributarios, registros laborales, operaciones bursátiles, agencias de viajes y aerolíneas, además de testimonios de contratistas, escribanos, vendedores, desarrolladores inmobiliarios y personas vinculadas con operaciones financieras o patrimoniales. Ahora, el exfuncionario deberá responder un cuestionario de 20 puntos concretos que incluye preguntas sobre el origen de los dólares en efectivo declarados, la fuente de los fondos para la remodelación integral de su vivienda en el country por US$245.000 pagados al contratista Matías Tabar, y la forma en que concilia su nivel de gastos y movimientos financieros con los ingresos del grupo familiar, en un expediente que también investiga el viaje que realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio, para establecer quién afrontó los costos del traslado.