A 50 años del golpe, el gobierno reitera la chicana negacionista

A 50 años del golpe cívico-militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó a Isabel Perón e inauguró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, la conmemoración de este aniversario se presenta atravesada por una tensión central: la defensa de las conquistas del movimiento de derechos humanos frente a los intentos oficialistas por instalar una “memoria completa” que equipara las violencias estatales con la de las organizaciones guerrilleras. En la antesala de la marcha que organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocan para esta tarde a Plaza de Mayo, el Gobierno nacional difundió un extenso material audiovisual titulado “Las víctimas que quisieron ocultar”, en el que reedita los viejos postulados de la teoría de los dos demonios y acusa al kirchnerismo de haber utilizado los derechos humanos como un “curro” para obtener ventajas políticas y económicas. El video, de una hora y quince minutos, fue publicado en las redes oficiales de la Casa Rosada y sostiene que “la historia debe conocerse en su totalidad; si se presenta de forma parcial, deja de ser memoria y pasa a ser un instrumento de manipulación”, una frase que, según publicaron diversos medios, sintetiza el eje de un discurso amañado.

La pieza audiovisual oficial, que incluye testimonios de la nieta recuperada número 127, Miriam Fernández, y de Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado por el ERP, argumenta que durante el ciclo iniciado en 2003 se impulsó “una interpretación de los hechos trágicos de los años 70, con un enfoque parcial y revanchista”. Esta narrativa, que el oficialismo viene ensayando desde 2024, omite sistemáticamente lo que la Justicia argentina ha probado en numerosos fallos: la existencia de un plan sistemático de exterminio implementado por las Fuerzas Armadas, con una estructura de centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas y la apropiación de menores. La jurisprudencia nacional ha calificado estos crímenes como de lesa humanidad, cometidos en el marco del terrorismo de Estado, un concepto que no es una mera apreciación política sino que está firmemente asentado en las sentencias judiciales.

Mientras el Gobierno difundía este mensaje en redes, la historia viva de la dictadura seguía narrándose desde la experiencia de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. La monja Aurora Álvarez recordó en una entrevista con BBC Mundo cómo la normalidad de aquel 24 de marzo se fue quebrando hasta el momento en que un grupo de tareas irrumpió en su casa para secuestrar a su hermana Teresa, de 21 años. “Allí comienza la división de nuestras vidas: antes y después del secuestro de mi hermana. Y sentimos el aislamiento de los vecinos. Había mucho silencio”, relató. La periodista Norma Morandini, por su parte, narró cómo el calvario personal comenzó un año y medio después del golpe, cuando secuestraron a sus dos hermanos menores, Néstor y Cristina. Ambos desaparecieron. La figura del desaparecido, esa categoría jurídica y humana que emergió con fuerza en aquellos años, representa la perversión central del plan represivo: la negación de la muerte, el cuerpo que no se entrega, la ausencia que impide el duelo.

La represión no fue un exceso sino una metodología. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1984 por el presidente Raúl Alfonsín, las víctimas eran en su mayoría obreros, estudiantes y empleados, lo que refleja la profunda crisis social y económica previa al golpe, signada por un plan de ajuste que había disparado la inflación y la conflictividad sindical. La violencia, sin embargo, no comenzó con el golpe. La historiadora Gabriela Águila explicó que en febrero de 1975 el gobierno de Isabel Perón había ordenado a las Fuerzas Armadas la “aniquilación de la subversión”, un término que pronto abarcó no solo a las organizaciones armadas como Montoneros o el ERP, sino también a sindicalistas, estudiantes, intelectuales y artistas. Lo que ocurrió a partir del 24 de marzo fue la radicalización de ese accionar al margen de toda legalidad.

En la vereda opuesta al negacionismo que el Gobierno impulsa desde la Casa Rosada, la memoria de la resistencia sigue encarnada en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Su lucha, que comenzó en 1977 con pañuelos hechos de pañales para reconocerse en una peregrinación a Luján, se convirtió en un símbolo de la lucha por la vida frente a un régimen vertical y machista. La especialista en ciencias políticas María Migliore destacó en una entrevista que aquellas mujeres, a las que se tildaba de “locas”, construyeron una forma de hacer política desde el cuidado y la firmeza, desafiando con su presencia semanal a la dictadura. Su proyección internacional alcanzó un punto crítico durante el Mundial de 1978, cuando un equipo de televisión holandés registró sus denuncias en la plaza. “Por favor, ayúdennos, son nuestra última esperanza”, imploró entonces Marta Morena Dalconada Aramburu, en un mensaje que mostró al mundo la cara más oscura del régimen.

El camino hacia la justicia tuvo su hito más relevante con el Juicio a las Juntas, un proceso sin precedentes que comenzó en abril de 1985 y que sentó en el banquillo a los comandantes de la dictadura. La Cámara Federal porteña asumió la causa luego de que la Justicia militar se declarara incompetente al calificar el accionar represivo como “inobjetable”. Los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo utilizaron como base el informe “Nunca Más”, elaborado por la CONADEP, y tras escuchar a 839 testigos, el tribunal condenó en diciembre de 1985 a Jorge Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua. La sentencia, confirmada al año siguiente por la Corte Suprema, representó un hito en la historia latinoamericana y sentó las bases para los cientos de juicios que, desde 2006, se llevaron a cabo en todo el país, profundizando el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, ese andamiaje de verdad y justicia enfrenta hoy un escenario de desfinanciamiento y embate simbólico. De acuerdo con un análisis de Chequeado, el presupuesto 2026 no contempla fondos para la mayoría de los sitios de memoria, incluyendo el Museo Sitio de Memoria ESMA, los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y el Archivo Nacional de la Memoria. Sólo el Banco Nacional de Datos Genéticos conserva partidas asignadas, aunque con una pérdida de entre el 12 y el 65 por ciento frente a la inflación desde 2023. En paralelo, el Equipo Argentino de Antropología Forense continúa su labor fundamental: en los últimos 40 años identificó 860 cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado y recientemente confirmó la identificación de 12 personas desaparecidas en el centro clandestino La Perla, en Córdoba.

A pesar de los intentos oficiales por imponer la narrativa de los “dos demonios”, el testimonio de los sobrevivientes y la lucha de las organizaciones de derechos humanos sostienen una verdad judicialmente probada. Adriana Chein, detenida en octubre de 1975 y presa durante siete años y medio, relató cómo el horror se institucionalizó incluso en las cárceles legales, donde las presas políticas eran sometidas a regímenes de “recuperación” que buscaban su destrucción psicológica. Emilce Moler, víctima de la llamada “Noche de los Lápices”, un operativo en el que fueron secuestrados diez estudiantes secundarios en 1976, contó cómo su propia familia quedó inmovilizada mientras se la llevaban esposada de su casa. Seis de sus compañeros siguen desaparecidos.

El debate sobre la memoria se tensa aún más en este 50° aniversario, cuando el Gobierno busca desarticular el consenso histórico construido en torno al “Nunca Más”. Para las Madres y Abuelas, cuya causa, como remarcó Migliore, “es una causa compartida, no partidaria”, la consigna es clara: recordar que hubo terrorismo de Estado, que hubo un plan sistemático de exterminio, y que la justicia sigue siendo una deuda con quienes aún no tienen identificados a sus seres queridos. Como expresó Norma Morandini, la figura del desaparecido es “alguien a quien no se ha visto morir, no tiene cruces, no tiene rezos”. En esa ausencia forzada, que el video oficial intenta relativizar con un discurso de “reconciliación”, se juega el sentido mismo de la memoria a medio siglo del golpe más nefasto de la historia argentina.