El fatal abandono de las rutas nacionales

Cifras alarmantes:

La siniestralidad vial en Argentina es una de las más altas de la región. Según datos oficiales y de organizaciones civiles, se registran más de una decena de muertes diarias en las rutas, muchas de ellas atribuibles al mal estado de las vías.

Desfinanciamiento y abandono:
El Gobierno Nacional ha sido acusado de desviar fondos destinados al mantenimiento de la red vial, lo que ha generado un deterioro progresivo de las rutas. Intendentes de diversas localidades han denunciado públicamente la falta de respuesta por parte de Vialidad Nacional y han tenido que tomar medidas por cuenta propia para garantizar la seguridad de sus vecinos.

Consecuencias fatales:
La precariedad vial tiene consecuencias directas en la vida de las personas. En lo que va del 2025, las rutas nacionales han sido escenario de una serie de accidentes trágicos que han dejado decenas de muertos. Los datos revelan que, desde enero, ya se han registrado más de 300 muertes en siniestros viales, un número alarmante que demuestra la magnitud de la crisis. La falta de mantenimiento adecuado y de señalización es, sin lugar a dudas, un factor clave que contribuye a la ocurrencia de estos accidentes fatales. Las rutas argentinas se han convertido, para muchos, en verdaderas “rutas de la muerte”, donde la inseguridad vial es la protagonista.

Impacto en la economía:
El mal estado de las rutas también afecta la economía del país, aumentando los costos de transporte y dificultando el comercio. Las largas demoras y los accidentes generan pérdidas millonarias tanto para empresas como para los consumidores. Además, el mantenimiento constante de vehículos se convierte en una carga económica adicional para los ciudadanos.

Testimonios:
Ciudadanos, transportistas e intendentes de distintas localidades han expresado su angustia y preocupación. “Cada vez que salgo a la ruta, tengo miedo de no volver”, afirma un conductor de carga que transita a diario la Ruta 3, una de las más peligrosas del país. Por su parte, la intendenta de una pequeña localidad del interior denuncia que “nos hemos visto obligados a utilizar los pocos recursos municipales para reparar las rutas locales, ya que Vialidad Nacional no da respuesta a nuestras solicitudes de ayuda.”

Para abordar esta crisis, es urgente una inversión masiva en infraestructura vial, la creación de un fondo específico para el mantenimiento de las rutas y una mejora en la planificación y ejecución de proyectos. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para que las soluciones sean efectivas y sostenibles en el tiempo.

La situación es una bomba de tiempo que sigue cobrando vidas. La falta de acción por parte de las autoridades es inadmisible, y la sociedad civil debe exigir una respuesta inmediata para frenar esta ola de tragedias. Es hora de que el Gobierno y los distintos niveles de gestión se tomen en serio la seguridad vial y pongan en marcha un plan de acción que ponga fin a las “rutas de la muerte”.

Virtual Privatización: El Gobierno Nacional y la Red Federal de Concesiones

En medio de la creciente crisis vial, el Gobierno Nacional ha dado un paso controversial al oficializar la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones. Esta fase incluye el Corredor Vial 18, que abarca importantes rutas nacionales como la 12 y la 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Si bien el Gobierno sostiene que esta medida es necesaria para mejorar la infraestructura vial, esto podría estar impulsando una virtual privatización de la red de rutas del país. La concesión de estas rutas a empresas privadas plantea dudas sobre el control público y la calidad del servicio, generando temor entre los ciudadanos de que el foco se desplace hacia el lucro y no hacia la mejora real de la seguridad vial. Con esta medida, las tarifas de peaje podrían aumentar, lo que afectaría especialmente a los conductores más vulnerables, mientras que el mantenimiento de las rutas podría quedar en manos de empresas interesadas en maximizar sus ganancias, dejando de lado las necesidades de seguridad y accesibilidad para la población.