Caso 1: Despidos en la ex AFIP y Aduana
El 14 de enero, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo que impide al gobierno de Javier Milei llevar a cabo los 3.155 despidos anunciados en la ex AFIP y la Aduana. La medida cautelar fue solicitada por los gremios AEFIP y SUPARA, que representan a los trabajadores de estos organismos. La sentencia garantiza la estabilidad laboral de los empleados y prohíbe cualquier medida que contraríe la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos de trabajo.
El juez Gabriel de Vedia, al otorgar la cautelar, destacó la necesidad de evitar un daño posible y previsible debido a las acciones del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para reducir el personal de ARCA (ex AFIP). El fallo llega en un momento de reestructuración y conflicto mediático entre el PRO y los libertarios por el perfil del organismo en los últimos años. Desde el inicio de la gestión de Milei, ya se han desvinculado 1.500 trabajadores, y se espera que otros 1.500 se acojan a un nuevo retiro voluntario que durará hasta mediados de febrero.
Caso 2: Protección de los sitios de Memoria
El juez federal Ariel Lijo, elegido por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, ordenó al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, resguardar los sitios de Memoria de los excentros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar. La resolución judicial responde a un requerimiento de la legisladora Victoria Montenegro, quien solicitó la protección de estos sitios y el personal que trabaja en ellos.
Lijo exigió garantizar una dotación de personal capacitado para mantener en funcionamiento los espacios de Memoria y preservar sus acervos y archivos. Además, ordenó que se mantengan las actividades abiertas al público y se realicen tareas de mantenimiento, conservación y limpieza necesarias para las visitas. La resolución judicial es un revés para las políticas de ajuste y despidos del gobierno de Milei, que ha despedido a 250 trabajadores de la secretaría de Derechos Humanos y relevado de funciones a 90 empleados del Centro Cultural Haroldo Conti de la ex Esma.
Ambos casos subrayan la importancia de la estabilidad laboral y la protección de los derechos humanos en Argentina, y representan un freno a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
