¿Por qué el gobierno buscó no tener presupuesto 2025?

El gobierno de Javier Milei ha decidido prorrogar el presupuesto de 2023 para el año 2025 debido a la falta de consenso en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto. Esta decisión le permite al gobierno manejar los fondos públicos con mayor discrecionalidad, lo que ha generado críticas por parte de la oposición. Milei ha defendido esta medida argumentando que su administración busca mantener un superávit fiscal y evitar la emisión de pesos. Además, ha señalado que la falta de un nuevo presupuesto no es un problema para su gobierno, ya que pueden continuar operando con el presupuesto prorrogado.

La oposición sostiene que Milei nunca tuvo la intención de aprobar un nuevo presupuesto y que esta situación le permite manejar los recursos públicos de manera arbitraria. También han criticado la falta de diálogo y negociación por parte del gobierno para llegar a un acuerdo en el Congreso. La prórroga del presupuesto de 2023 por segundo año consecutivo es un hecho inédito en la historia de Argentina.

En cuanto al manejo de fondos reservados de la SIDE, Santiago Caputo, asesor principal de Milei, ha sido señalado como responsable de la administración de estos recursos. Se ha informado que Caputo ha utilizado estos fondos para operaciones políticas delicadas, como la compra de un canal de televisión y la contratación de una empresa de trolls. Además, el gobierno ha destinado una cantidad significativa de dinero a pagar influencers para mantener el clima de la discusión social en “la calle online”.

Sin presupuesto se hace más maleable el manejo discrecional de fondos. En un año electoral, tener este apalancamiento es una ventaja muy fuerte, más teniendo en cuenta los antecedentes de esta gestión con el manejo de fondos. Por ejemplo, las sospechas de manejos de fondos irregulares para comprar voluntades legislativas en la aprobación de la Ley Bases. El caso del senador Edgardo Kueider es un ejemplo destacado, ya que fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. La oposición ha señalado que estos fondos podrían haber sido utilizados para sobornos y coimas, lo que ha generado un escándalo político y ha llevado a la presentación de proyectos para anular la Ley Bases.

Martínez, Cafiero, Bregman y Del Caño intercambiaron proyectos para investigar la posible compra de votos y hacer caer la ley aprobada con el apoyo del entrerriano. Tras el escándalo por la detención del expulsado senador Edgardo Kueider con 200 mil dólares en Paraguay, los dirigentes de la oposición Myriam Bregman, Nicolás del Caño (PTS-FIT) y Germán Martínez y Santiago Cafiero (UxP) se reunieron para definir estrategias legislativas y poner en común los proyectos para investigar la compra de votos en el Senado y declarar la nulidad de Ley Bases, que logró aprobarse con el voto decisivo de Kueider.

“Como muestra el caso Kueider, esa ley es producto de la corrupción, debe ser anulada y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esa norma que alimenta la entrega y el saqueo y ataca a trabajadores y sectores populares”, aseguró Bregman tras el encuentro. “La ‘Ley Kueider’ tiene que declararse nula. Es una ley corrupta. Desde el bloque del Frente de Izquierda impulsamos un proyecto de nulidad. Junto a diferentes iniciativas parlamentarias de diversos bloques es fundamental desarrollar la movilización popular para que no siga vigente esta norma que quita derechos históricos de la clase trabajadora y entrega el país a las multinacionales”, completó Del Caño.

El peronista Santiago Cafiero había presentado una iniciativa para crear una comisión investigadora. El proyecto cuenta con la firma de 17 integrantes del bloque de UxP, pasando Martínez, el jefe de la bancada, la camporista Paula Penacca y la ex ministra Victoria Tolosa Paz, entre otros.