En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de eventos que ponen en jaque las políticas de derechos humanos en Argentina. La visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas en el penal de Ezeiza y la falta de consecuencias institucionales para estos legisladores son solo la punta del iceberg de un plan de impunidad que se está gestando. La nota de Luciana Bertoia, politóloga y especialista en DDHH, destaca la preocupante situación en torno a las políticas de derechos humanos en Argentina.
Un plan de impunidad que quedó al descubierto y un gobierno que arrasa con las políticas de DDHH | A seis meses de la visita de los diputados a los genocidas https://t.co/GdVE10iSFi vía @Pagina12
— Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) January 12, 2025
La visita de los diputados y la posterior falta de respuesta institucional reflejan un desinterés y una complicidad por parte del gobierno y ciertos sectores del Poder Judicial. Esta complicidad se traduce en decisiones judiciales que favorecen a los represores y en el desmantelamiento de políticas públicas de derechos humanos.
El desmantelamiento de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el despido de más de 250 personas en la Secretaría de Derechos Humanos son señales claras de un plan de impunidad en marcha. Para quienes trabajan en espacios de memoria como el Museo ESMA, estas acciones son un golpe directo a su labor y a la preservación de la memoria histórica.
“Nadie, absolutamente nadie, hubiese imaginado que, desde el retorno a la democracia hasta este evento, posar con los peores criminales de la historia de nuestro país no iba a tener ningún tipo de costo político”, opina Guillermo Pérez Roisinblit, que nació en la ESMA y restituyó su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo. “Hoy por hoy, el blanco preferido del Ministerio de Justicia son las Abuelas. Atacan a las Abuelas, buscan denostar a Estela (de Carlotto) porque lo único que no pueden justificar es lo que hicieron con nosotros –el robo de bebés, la apropiación y el cambio de identidad”, agrega.
“A seis meses de la visita, lo que queda en evidencia son las consecuencias de no haber legislado a tiempo contra el negacionismo”, aporta la legisladora Victoria Montenegro, otra de las nietas encontradas por las Abuelas. “No solo los diputados que fueron a Ezeiza, que reivindican la dictadura cívico-militar, continúan en la misma lógica, sino que se agrava más porque hay una definición del Ejecutivo nacional con los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, el ataque a la Conadi o a los sitios de memoria. Tenemos que unir las partes y poder construir una estrategia que pueda enfrentar las acciones de odio y la disolución de las políticas de derechos humanos. También tenemos que prepararnos para cuando nos toque revertir esta situación en cuanto a leyes que impidan retrocesos tan violentos como los que estamos viviendo”.
Es fundamental que la sociedad y las instituciones respondan de manera contundente para proteger y fortalecer las políticas de derechos humanos en Argentina. No podemos permitir que el desguace de las políticas de memoria, verdad y justicia avance sin oposición. La memoria histórica es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y democrática, y debemos defenderla con todas nuestras fuerzas.
