Los exámenes abarcan a trabajadores de planta transitoria, contratados y monotributistas cuyos contratos vencen este año. La evaluación incluye comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y, para perfiles profesionales, conocimientos en administración pública.
Aunque el examen puede rendirse hasta tres veces, gremios y empleados han denunciado que el contenido no se ajusta a las funciones laborales reales, calificándolo como una forma de persecución. Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que la medida no busca despedir sino garantizar la idoneidad del personal.
El ajuste en el empleo público se da en un marco de contracción económica más amplia: en octubre, la industria cayó un 2% interanual y la construcción un 24,5%, según el INDEC.
Los gremios han rechazado los exámenes y alertado sobre su posible uso para justificar despidos masivos. Rodolfo Aguiar, de ATE, denunció que la medida busca “estigmatizar y despedir ilegalmente”. En paralelo, el Gobierno insiste en que se trata de un mecanismo para profesionalizar el empleo público y prevenir ingresos politizados.
Estas iniciativas reflejan el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei tras un año de gobierno, en el que medidas de ajuste, conflictos gremiales y reestructuración estatal han marcado la agenda. Con una economía en retracción y tensiones políticas internas, el escenario se mantiene incierto.
Objeción de educadores a los exámenes de matemática como medio de selección para la administración pública nacional 👇"Muchos de los problemas están mal planteados y en otros casos están formulados de manera oscura", afirman pic.twitter.com/jxxncert3x
— Nora Bär (@norabar) December 6, 2024