La provincia de Buenos Aires decidió jugar fuerte y llevar a la Justicia el manejo de los fondos que deberían servir para evitar que las lluvias se conviertan en tragedia. El gobierno de Axel Kicillof anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a los funcionarios nacionales que correspondan por la ejecución del Fondo Hídrico, ese fideicomiso que se nutre de una parte del impuesto a los combustibles y que, según los números que mostró la Provincia, tiene casi 340.000 millones de pesos durmiendo en lugar de transformarse en obras. La conferencia fue en La Plata, con el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el de Gobierno Carlos Bianco como cara visible, y el mensaje fue directo: “Por instrucción del gobernador vamos a denunciar penalmente al presidente de la Nación, (Javier) Milei, al ministro de Economía, (Luis) Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad”.
Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica. El Fondo Hídrico recibe el 4,31% del Impuesto a los Combustibles que pagamos todos y que deben ser destinados a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. En este contexto de El Niño, esto es de una gravedad absoluta. CUMPLAN LA LEY. Estamos hablando de $339.993 millones con los que se podrían haber hecho: 40 obras como la Adecuación del río Areco, 8 obras como la Reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca y 3 obras como el Mejoramiento del tramo medio del río Luján. No solo eso. Caputo usó créditos aprobados en 2023, destinados a prevenir inundaciones, para refinanciar deuda. OBRAS HÍDRICAS NO, TIMBA FINANCIERA SÍ. El fenómeno de El Niño está causando mucha preocupación y efectos de gravedad que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Hacemos cargo al gobierno nacional por los daños que podrían ocurrir en la provincia. Por otro lado, la privatización de AySA condena a millones de argentinos y argentinas a seguir sin agua potable ni cloacas. Todos los estados modernos del mundo administran este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni más agua ni cloacas. Cuando Milei llegó Aysa tenía 273 obras en ejecución. El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia publica para impugnar y rechazar el tarifazo de Aysa y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 19, 2026
El detalle de los números que expuso la Provincia ayuda a entender el enojo. Entre 2024 y 2026 se asignaron al Fondo Hídrico unos 402.931 millones de pesos, pero el gasto de capital real destinado a obras apenas llegó al 36,7% de esos recursos. Dicho de otro modo: de cada tres pesos que entran por el impuesto a los combustibles, solo uno termina en prevención de inundaciones o recuperación de tierras productivas. Y lo que es más picante para la denuncia: al cierre del primer trimestre de 2026, de los 339.993 millones de pesos que había disponibles, unos 290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro, es decir, en instrumentos financieros y no en movimiento de suelos. “Hay fondos en el Fondo Hídrico que han sido desviados para la timba financiera”, disparó Katopodis, que también apuntó contra la decisión de no girar avales para créditos internacionales mientras otras diez provincias sí los recibieron.
El contexto climático es el que vuelve la discusión algo más que una pelea de presupuesto. Los relevamientos de las primeras dos semanas de octubre mostraron un aumento de la superficie con alta humedad en el norte, noroeste y este bonaerense, y el fantasma de El Niño se siente en cada pronóstico. “Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy pero muy grave”, advirtió Katopodis, que igual intentó mostrar que la Provincia no se queda de brazos cruzados. Desde 2024, la gestión de Kicillof armó una suerte de red con los intendentes para coordinar tareas hídricas, y esta semana presentará en Bragado un sistema de monitoreo meteorológico con 40 estaciones que buscan multiplicarse a más de 400. Además, hay 33.000 horas de maquinaria para limpiar arroyos y canales, y 99 convenios con municipios del conurbano por 33.000 millones de pesos. El problema, dicen en La Plata, es que sin la Nación el esfuerzo no alcanza.
La otra pata del anuncio tiene que ver con el agua que sale de las canillas. La Provincia confirmó que se presentará en la audiencia pública del 26 de octubre para impugnar el tarifazo de AySA y discutir el plan de obras tras la privatización. Katopodis habló de incrementos acumulados superiores al 500% y reclamó garantías para que la expansión de redes de agua y cloacas no quede en el olvido. La denuncia penal, que incluye figuras como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, todavía tiene que ser analizada por la Justicia, pero en el gobierno bonaerense la leen como una forma de ponerle nombre y apellido a una negligencia que, sostienen, ya tiene víctimas potenciales: los millones de bonaerenses que viven en zonas que el agua puede volver a castigar.
