A partir del 1 de diciembre, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha implementado un drástico cambio en su política de medicamentos, eliminando la gratuidad de los 170 fármacos que hasta ahora eran entregados sin costo a los jubilados. Esta medida, anunciada por el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguizamón, ha generado gran conmoción y preocupación entre los afiliados.
Según el comunicado oficial, esta decisión se enmarca en un plan de “gestión más ordenada y eficiente” con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los jubilados se verán obligados a afrontar un nuevo gasto para acceder a sus medicamentos o demostrar una situación de extrema vulnerabilidad para continuar recibiendo el beneficio de forma gratuita.
Leguizamón justificó esta medida argumentando la necesidad de un “reordenamiento” en la administración de los recursos del PAMI y la importancia de llevar a cabo una “administración responsable”. Además, señaló que los jubilados podrán acceder a un “subsidio social” para adquirir los medicamentos, aunque los detalles de este mecanismo aún no han sido precisados.
El comunicado oficial del PAMI hace hincapié en la necesidad de afrontar los problemas económicos heredados de gestiones anteriores y destaca las medidas implementadas para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de la obra social. Sin embargo, los jubilados temen que esta medida sea solo el primer paso de una serie de recortes en los beneficios y servicios que reciben.
En los próximos días se espera que se produzcan nuevas manifestaciones y reclamos por parte de los jubilados, quienes exigen una revisión de esta medida y la garantía de acceso a los medicamentos esenciales para su salud.
Las críticas no se hicieron esperar. Organizaciones de jubilados y pensionados han denunciado que esta medida impacta de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables de la población, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Además, cuestionan la falta de transparencia en la implementación de esta política y exigen una mayor claridad sobre los criterios para acceder al subsidio social.
