La Corte habilita la venta de tierras a extranjeros a días de la visita de JD Vance, vice Trump y aliado de Peter Thiel

La Corte Suprema desestimó el martes el amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y dejó otra vez en pie el artículo 154 del DNU 70/2023 que Javier Milei firmó a diez días de asumir. El argumento no fue la constitucionalidad de la norma, sino la falta de legitimación de los excombatientes para litigar. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que la soberanía territorial no encaja en la categoría de bien colectivo y que sin un caso concreto no había controversia judicial. “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvieron. La decisión no analizó el fondo del decreto, pero al revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo, el efecto fue inmediato: desde el miércoles, cualquier persona física o jurídica extranjera puede comprar tierras rurales sin los límites que fijaba la ley 26.737, que establecía un tope del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental.

La reacción no se hizo esperar. El gobernador Axel Kicillof calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y sostuvo que la Corte tomó “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. Recordó que hace menos de dos meses miles de personas se movilizaron contra el intento del Gobierno de flexibilizar la Ley de Tierras por vía legislativa y que el oficialismo tuvo que retirar ese capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante la falta de votos. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, escribió. La CGT emitió un comunicado en el que habla de “un fallo en contra de la soberanía y de la voluntad popular” y le exigió a Diputados que rechace el DNU 70/2023, que ya tuvo dictamen de rechazo en el Senado en 2024. El CECIM, por su parte, publicó un descargo titulado “La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta”. “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”, señalaron los veteranos. Para este viernes 2 de octubre, organizaciones políticas y sociales convocaron a una autoconvocatoria en Parque Lezama, a las 17, para organizar una movilización contra la decisión judicial.

La Corte sintió el impacto y rompió su hermetismo. Durante casi 48 horas eligió el silencio, pero este jueves difundió un comunicado inusual dirigido a la “opinión pública” para intentar explicar qué había resuelto y qué no. El texto fue presentado bajo el paraguas de la política de “lenguaje claro” que impulsa el tribunal, pero fue bastante más que una traducción jurídica. Los jueces reivindicaron su trayectoria en materia ambiental y cuestionaron la circulación de “discursos de odio y descalificación” en las redes sociales. “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”, sostuvieron. También remarcaron que otros expedientes siguen abiertos y que la sentencia no afecta las medidas cautelares con el mismo objeto que tramitan en diferentes tribunales. “La Corte se expedirá” sobre la Ley de Tierras cuando alguno de esos reclamos llegue efectivamente a sus manos, advirtieron. En Balcarce 50 la sentencia cayó por sorpresa: el fallo comenzó a circular cuando Milei y buena parte de su gabinete se preparaban para partir rumbo a París.

A dos días del fallo, se confirmó que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei. La coincidencia de fechas no permite afirmar que exista un vínculo directo, pero vuelve a poner en el centro del debate el proyecto oficial para atraer mega centros de datos y las condiciones que el Gobierno busca ofrecer a las grandes inversiones tecnológicas. Vance viene defendiendo públicamente la expansión de los data centers como parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial. Su carrera política tuvo como uno de sus principales impulsores al empresario tecnológico Peter Thiel, que se instalará en Argentina. La derogación de la Ley de Tierras implica que dejó de estar vigente el límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales, un dato sensible para el Noreste argentino, donde se encuentra parte del Sistema Acuífero Guaraní y donde Misiones ya tiene más del 11% de sus tierras en manos extranjeras. En el Congreso, la oposición pidió una sesión para el 15 de octubre con la intención de completar en Diputados el rechazo al DNU 70/2023, mientras el oficialismo evalúa introducir un artículo en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para volver a establecer límites a la compra de tierras por extranjeros.