Luego de tomar control del puerto en Ushuaia, el gobierno de Milei permitió que un buque británico se lleve petróleo de Malvinas

El gobierno de Tierra del Fuego salió con los tapones de punta por la presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el puerto de Ushuaia, una terminal que desde enero está intervenida por la administración nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La provincia consideró “inadmisible” que una embarcación del Reino Unido operara en la capital fueguina mientras ese país mantiene la ocupación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y recordó que la intervención se había justificado justamente con el argumento de proteger la soberanía en el Atlántico Sur. “Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó el Ejecutivo provincial en un comunicado. La nave, de 228 metros de eslora y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo, permaneció amarrada en el muelle comercial de Ushuaia y luego partió con destino aparente a Estados Unidos, según confirmó el secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary.

El VS Promise no llegó de casualidad. Según los registros satelitales de Marine Traffic, antes de atracar en Ushuaia el 24 de agosto a las 07:08, el tanquero había estado operando hasta el 13 de agosto en la monoboya de Río Cullen, la terminal desde donde el consorcio liderado por TotalEnergies bombea y exporta el crudo extraído en la Cuenca Marina Austral. Dachary, en diálogo con EFE, admitió que el buque “estuvo cargando crudo en la zona norte” y que desconocía cuál de las petroleras lo había contratado ni su destino final, aunque aseguró que lo investigarían. La provincia recordó que está vigente la ley “Gaucho Rivero”, que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos como parte del reclamo por Malvinas. La llegada del petrolero reavivó la polémica por la intervención del puerto, dispuesta el 20 de enero por el Gobierno nacional y judicializada por la provincia ante la Corte Suprema.

El trasfondo corporativo agrega más leña al fuego. La británica Harbour Energy absorbió los activos de Wintershall Dea, socia del consorcio que opera los yacimientos offshore fueguinos, y pasó a tener injerencia directa en esa explotación. Harbour Energy controló hasta hace poco el 65% del proyecto Sea Lion en las Malvinas, una actividad declarada ilegal por la Secretaría de Energía argentina bajo la ley 26.659, que impide operar en el país a empresas que hayan participado sin autorización en la exploración en la plataforma continental usurpada. A eso se suman las tensiones políticas de fondo: el gobernador Gustavo Melella mantiene una postura de abierta confrontación con la Casa Rosada por la soberanía y la administración del puerto, mientras el Gobierno nacional profundizó su alineamiento con Estados Unidos y recibió en Ushuaia a Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur. Dachary no se guardó nada: “Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien”.

La administración fueguina exigió al Gobierno nacional que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación” del buque británico, al tiempo que reclamó el cese de la intervención y la restitución de la administración portuaria a la provincia. También advirtió que no permanecerá “indiferente” frente a decisiones del poder central que comprometan sus competencias y los intereses estratégicos en el Atlántico Sur, y convocó a los poderes públicos, las fuerzas políticas y la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto para evitar que la soberanía quede en “mera declaración retórica”. “La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos”, sentenció el comunicado. Hasta ahora, la Casa Rosada no ofreció explicaciones públicas sobre quién contrató al VS Promise ni bajo qué marco se autorizó su amarre, dejando expuestas las grietas entre el discurso soberano y los engranajes comerciales de las petroleras en el sur argentino.