Milei permite que Israel se lleve miles de millones de dólares en petróleo de las Malvinas

El gobierno de Javier Milei se mantiene en un sospechoso silencio mientras una petrolera israelí está extrayendo petróleo en Malvinas. El propio vocero presidencial admitió que no estaba al tanto del asunto. Fue el martes pasado, durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, cuando Adrián Ravier recibió una consulta sobre la actividad de Navitas Petroleum en el archipiélago y su respuesta fue un balbuceo digno de quien recién se entera: “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería”, dijo, mientras leía un papel con datos que le habían alcanzado minutos antes. El episodio puso en el centro del debate a la empresa de capitales israelíes que controla el 65% del proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos offshore más importantes del Atlántico Sur, cuya producción está prevista que arranque en 2028 con una capacidad inicial de 55.000 barriles diarios.

La cuestión no es nueva, pero la gestión libertaria la manejó con una ambigüedad que ya empieza a generar ruido incluso entre sus propias filas. Desde 2022, el Estado argentino mantiene vigente una sanción contra Navitas y otras nueve empresas que operan en la zona sin autorización nacional. La Resolución 240/2022, firmada durante el gobierno de Alberto Fernández, declaró “clandestinas” las actividades de la firma y la inhabilitó por veinte años para operar en el país. Sin embargo, desde que Milei asumió, no hubo avances administrativos ni judiciales para hacer efectiva esa medida. La Cancillería, que conduce Pablo Quirno, emitió en diciembre pasado un comunicado en el que rechazó “las acciones unilaterales e ilegítimas” del Reino Unido y prometió que “la Argentina profundizará su plan de acción” para salvaguardar sus derechos soberanos. Pero hasta ahora, esa promesa quedó en el papel.

Mientras tanto, Navitas sigue expandiendo su dominio en la Cuenca Malvinas Norte. Hace unos meses, la empresa confirmó la adquisición del 65% del bloque PL001, lindero al yacimiento Sea Lion, donde estima recursos potenciales por más de 1.300 millones de barriles. El plan, según documentos a los que accedió Agenda Malvinas, es conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas para optimizar la explotación y reducir costos. En total, la compañía proyecta extraer unos 180.000 barriles diarios cuando esté a plena capacidad, lo que al valor actual del crudo representa un negocio de unos 2.000 millones de dólares anuales. Un dato que no pasa desapercibido: el CEO de Navitas, Amit Kornhauser, aseguró en una presentación ante inversores que el proyecto avanza “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino y que cuentan con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las isleñas.

La polémica se enreda aún más con el alineamiento estratégico de Milei con Israel. El Presidente viajó a ese país en abril, se reunió con Benjamin Netanyahu y no hay registros de que haya planteado el tema en la agenda bilateral. De hecho, el propio Kornhauser interpretó en público que las declaraciones del mandatario argentino permitían suponer que respalda el derecho de autodeterminación de los kelpers y que no considera la cuestión Malvinas como un conflicto pendiente. La Cancillería no salió a desmentirlo ni a repudiar esas afirmaciones. En el Congreso, diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes para que el Gobierno detalle qué acciones concretas piensa tomar. “La pérdida de recursos que está teniendo la Argentina producto de autorizaciones ilegales es alarmante”, advirtió Guillermo Michel, uno de los legisladores que impulsó la iniciativa. El reclamo apunta a que la inacción oficial no solo compromete la soberanía, sino que también afecta los intereses económicos de las provincias, en particular de Tierra del Fuego, que ve cómo se dilapida un recurso estratégico sin que el Estado mueva un dedo.

Para colmo, el propio Ravier volvió a quedar expuesto cuando se supo que, además del papelón en la conferencia, el vocero tampoco había sido informado de que Navitas ya había anunciado la inversión de 1.170 millones de dólares para la primera fase de Sea Lion. La empresa israelí, que tiene sede en Herzliya, cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y es liderada por Gideon Tadmor, un referente de la industria energética de ese país, sigue operando como si la soberanía argentina fuera un mero trámite burocrático. Y el gobierno, atrapado entre su discurso de defensa de los intereses nacionales y su obsesión por alinearse con las potencias occidentales, parece haber optado por mirar para otro lado mientras el petróleo malvinense se escurre entre los dedos.