La jugada de Caputo para que los funcionarios de Milei blanqueen sus fortunas antes de irse

El Gobierno acaba de meter un proyecto que no es otra cosa que un blanqueo con todas las letras, aunque insistan en llamarlo “modificación de la ley penal tributaria”. Lo presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, este jueves en el Congreso, y la oposición ya saltó con los tapones de punta porque la norma habilita a que funcionarios y hasta sus familiares se sumen sin problemas. Y no es para menos: la versión anterior ya había dejado un tendal de escándalos cuando se supo que varios pesos pesados del oficialismo se habían anotado, desde el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni hasta el ministro Federico Sturzenegger. Ahora, con esta ampliación que elimina los topes de ingresos y patrimonio, hasta el propio Toto Caputo podría beneficiarse, ya que en su declaración jurada de 2024 informó un patrimonio de 11.800 millones de pesos, un número que con la normativa vigente lo dejaba afuera.

La movida del ministro busca desesperadamente captar esos 170.000 millones de dólares que, según el Banco Central, los argentinos tienen guardados bajo el colchón. “Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”, sostuvo Caputo durante la presentación en el Palacio de Hacienda, aunque no dio espacio para preguntas y dejó que tres tributaristas se encargaran de dar la cara. El proyecto, que se conoció informalmente como “Inocencia Fiscal II”, flexibiliza todo: elimina el límite de 1.000 millones de pesos en ingresos y los 10.000 millones en patrimonio que tenía la ley original, baja el piso para considerar “discrepancia significativa” a 5 millones de pesos y hasta aclara que el uso de efectivo en operaciones inmobiliarias no implicará perder los beneficios, siempre que la operación quede asentada ante escribano. Una fiesta para quienes quieren blanquear sin demasiadas preguntas.

La polémica no es nueva. En junio, cuando se filtró la lista de funcionarios adheridos al régimen original, el escándalo fue mayúsculo. Además de Adorni y su esposa Bettina Angeletti, aparecían Sturzenegger, el exdiputado José Luis Espert, el titular del ARCA Andrés Vázquez, el embajador ante la Unión Europea Fernando Iglesias y hasta el cineasta oficial Santiago Oría, entre otros. Todos buscaron cobijarse en el Régimen Simplificado de Ganancias, que no es un blanqueo explícito pero sí genera un “tapón fiscal”: limita la revisión del organismo recaudador sobre declaraciones anteriores y habilita a meter dólares no declarados al sistema formal. Como dijo la ex titular de la UIF, María Eugenia Talerico, el problema no es la evasión fiscal en sí, sino que “el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal, porque la pregunta es inevitable: ¿de dónde viene ese dinero?”.

La oposición no se quedó de brazos cruzados. En el Senado, Juliana Di Tullio presentó un proyecto para derogar directamente el capítulo de la ley que habilita este régimen, mientras que en Diputados, el socialista Esteban Paulón impulsó una iniciativa para excluir a funcionarios y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. “No es una simplificación tributaria, es impunidad”, disparó Paulón, que también denunció: “Los ministros hacen leyes que, en vez de promover el bienestar de la población, tienen que ver con la intimidad de los funcionarios”. Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi fue contundente: “Otra ley hecha a medida. No sólo premian a los grandes evasores; ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública”. Y el diputado Eduardo Valdés sumó su propia propuesta para que las personas políticamente expuestas queden fuera, argumentando que “tienen un deber reforzado de transparencia”.

Pero Caputo parece decidido a que el proyecto sea ley antes de que termine agosto, urgido por los plazos fiscales. El oficialismo confía en tener los números en el Congreso, aunque la oposición tiene fuerzas para meter modificaciones. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que esto no es un blanqueo, sino una actualización de la ley penal tributaria. Sin embargo, la realidad es tozuda: con este régimen, los funcionarios de Milei se están armando un paraguas legal para dejar en orden sus ingresos más sospechosos antes de que eventualmente dejen el poder. Como ironizó Paulón: “Argentina, de faro libertario a paraíso fiscal”. Y con Caputo como posible beneficiario directo, la pregunta que queda flotando es si el ministro ya repatrió los dólares que declaró en el exterior o si este nuevo régimen le viene como anillo al dedo para hacerlo sin que nadie le pregunte demasiado.