El gobierno de la provincia de Buenos Aires le puso un plazo de cinco días hábiles a Mercado Libre para que elimine una serie de cláusulas que considera abusivas en sus contratos. Si la empresa de Marcos Galperin no modifica esos términos, deberá pagar una multa de hasta 1.815 millones de pesos. La intimación llegó desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que conduce Augusto Costa, luego de una fiscalización sobre los contratos que la plataforma publica en su sitio.
El análisis oficial abarcó las condiciones generales de uso del ecosistema MELI, los términos de préstamos personales de Mercado Pago y los contratos de préstamo para compras y pagos. Allí identificaron más de diez cláusulas que, según la cartera de Producción, violarían la Ley Nacional de Defensa del Consumidor al generar “un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores”. Entre los puntos observados aparecen la indeterminación en el cobro de tarifas —es decir, la empresa puede fijar cargos sin especificar montos ni condiciones— y la aceptación tácita de modificaciones contractuales, por la cual Mercado Libre considera que el usuario acepta los cambios con solo seguir usando la plataforma, sin necesidad de un consentimiento expreso.
⛔️ KICILLOF PONE FRENO AL ABUSO
— El Prensero (@El_Prensero) May 28, 2026
La Provincia avanza con una multa de hasta $1.815 millones contra Mercado Libre, la firma de Marcos Galperín, por cláusulas abusivas que violan la Ley de Defensa del Consumidor.
El ministerio de Augusto Costa actuó de oficio ante las trampas en… pic.twitter.com/cTXAJnPyT1
También cuestionaron el traslado de responsabilidad por uso no autorizado de la cuenta: si alguien sufre un hackeo o una estafa, el contrato actual cargaría toda la responsabilidad en el usuario, incluso cuando la vulneración podría venir de una falla del sistema de la compañía. A eso se suman la compensación entre cuentas sin autorización explícita, el débito desde cuentas de terceros que la empresa define como “relacionadas”, la caducidad automática de plazos por incumplimientos futuros e indeterminados, y la fijación de jurisdicción exclusiva en la Ciudad de Buenos Aires para cualquier reclamo judicial, lo que obliga a usuarios de todo el país a litigar lejos de su domicilio.
La fiscalización comenzó de oficio, pero no es el único antecedente. Según datos oficiales, Mercado Libre acumula 2.396 denuncias individuales solo en los primeros cuatro meses de 2026 en la provincia de Buenos Aires, lo que la convierte en la empresa con más reclamos ante la Defensoría del Consumidor bonaerense. Los motivos principales de esas presentaciones son fraudes o estafas en operaciones realizadas a través de la plataforma, problemas con la devolución de productos y obstáculos para ejercer el derecho de arrepentimiento.
Desde la compañía rechazaron las acusaciones. “Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma”, explicaron, y agregaron que cuentan con “términos y condiciones claros, transparentes y alineados con la normativa vigente”. También defendieron que, en relación con el volumen de operaciones que procesan, tienen “un nivel muy bajo de reclamos” y que sus canales de atención permiten resolver la gran mayoría de los casos de manera rápida.
El trasfondo político del conflicto no es menor. Galperin mantiene una relación cercana con el gobierno de Javier Milei: a fines de 2024, el presidente visitó las instalaciones de Mercado Libre para inaugurar un centro de almacenamiento y calificó al empresario y a su equipo como “grandes benefactores” de la sociedad. Al mismo tiempo, la compañía concentró cerca del 20% de las exenciones impositivas otorgadas a empresas tecnológicas en el país durante 2025, unos 39 mil millones de pesos en créditos fiscales, mientras que Galperin mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019. El gobernador Axel Kicillof ya había cruzado al empresario en el pasado: “Alguien que hizo la plata en territorio argentino con trabajo argentino se va a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Vergüenza”, dijo en abril del año pasado.
Ahora la pelota está del lado de Mercado Libre. Si la empresa presenta una propuesta de adecuación o supresión de las cláusulas observadas, el expediente se cierra. Si no, viene la multa. Y si la multa no alcanza, el caso podría terminar en la Justicia, con nuevas sanciones en juego.
