La justicia avanza sobre los contratos de la esposa de Adorni

El juez federal Ariel Lijo ordenó a tres grandes empresas contratistas del Estado nacional la entrega de toda la documentación comercial vinculada a los servicios prestados por la consultora de coaching ontológico +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida, que forma parte de una investigación iniciada por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, apunta a determinar si existió algún tipo de direccionamiento irregular o un presunto esquema de retorno de fondos públicos que habría beneficiado al entorno familiar del funcionario. Las firmas alcanzadas por el requerimiento judicial son el Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group, las cuales deberán presentar facturas, órdenes de compra y el detalle pormenorizado de las operaciones realizadas con la empresa de Angeletti entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, período en el que esta última facturó, solo a una de ellas, más de 6,3 millones de pesos por capacitaciones para gerentes y jefes.

El trasfondo del pedido judicial adquiere relevancia al cruzar los vínculos comerciales de estas empresas con el Estado. Datco, especializada en tecnología, presta servicios a organismos que dependen directa o indirectamente de la órbita de la Jefatura de Gabinete, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Aerolíneas Argentinas. National Shipping, por su parte, es una naviera que figura como una de las principales contratistas de YPF, la petrolera estatal en la que el propio Adorni asumió en enero de 2026 como director titular en representación del Estado. El tercer eslabón lo completa Foggia Group, una empresa liderada por Mara Gorini, señalada como colaboradora estrecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y vinculada a la concesión del predio de Tecnópolis —cuya administración depende de la Jefatura de Gabinete—, además de haber sido responsable de la producción de los grandes eventos musicales y políticos del presidente Javier Milei.

La investigación judicial no se agota en este frente. El expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, que tramita por separado a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, avanza en paralelo con el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA para analizar los pagos vinculados a la compra y las refacciones de una vivienda de tres plantas en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. A eso se suman operaciones por unos 100.000 dólares cursadas a través de billeteras digitales, el análisis de dos cajas de seguridad bancaria a las que Angeletti habría accedido en reiteradas oportunidades y los movimientos patrimoniales que incluyen una herencia del 33 por ciento de un terreno y un departamento donde reside la madre del funcionario. De acuerdo con lo publicado por distintos medios, hasta el momento no existen imputaciones formales ni procesamientos, y la causa se encuentra en una etapa preliminar donde se investigan posibles delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

Mientras la justicia avanza, el escándalo golpea de lleno la estrategia política del oficialismo. En las últimas horas, el Gobierno nacional reactivó su mesa política en Casa Rosada con la participación de Karina Milei, Martín Menem, Luis Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich, entre otros, para intentar reordenar la agenda parlamentaria. Sin embargo, sectores opositores impulsan una sesión especial en Diputados para interpelar a Adorni, mientras el presidente Javier Milei mantiene su respaldo público al funcionario, a quien definió como un “héroe” y aseguró que tiene “todo en regla”. La trama judicial, que se teje entre contratos millonarios, proveedores estatales y el círculo íntimo del poder, promete seguir abriendo capítulos en los tribunales de Comodoro Py.