El testimonio del contratista que arregló la casa del country complica a Manuel Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un testimonio central que expone la magnitud de los desembolsos realizados por el funcionario para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. El contratista Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió del propio Adorni un total de 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones, las cuales incluyeron pisos, paredes, una pileta de natación revestida en mosaico travertino, una cascada en el jardín, un quincho, muebles de cocina y artefactos de baño. Según fuentes judiciales, el pago se realizó “cash, de contado” y sin que mediara factura por los trabajos. Tabar, quien permaneció tres horas en los tribunales de Comodoro Py, aportó además un detalle pormenorizado de los arreglos, facturas de materiales, videos del antes y después, y entregó su teléfono celular para que sea peritado, ya que advirtió que había borrado mensajes de la conversación con el funcionario. “Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, explicó el contratista al salir de la fiscalía.

La declaración de Tabar se produce en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, que intenta determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni para la compra de la propiedad y las posteriores obras. La vivienda, de 400 metros cuadrados, fue adquirida a fines de 2024 por la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, quien figura como única titular de la Unidad Funcional 380 desde el 15 de noviembre de ese año. Sin embargo, según informes oficiales incorporados al expediente, el inmueble aún continúa registrado a nombre del anterior dueño, Juan Ernesto Cosentino, un dato que si bien no es ilegal, genera interrogantes sobre la operatoria completa de la compra. Ese mismo día de la escrituración, la escribana Adriana Nechevenko formalizó un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres, identificadas como agentes de la Policía Federal, le otorgaron a Adorni y Angeletti, quienes pusieron como garantía su departamento en el barrio porteño de Asamblea. De ese crédito, que devenga un interés anual del 11 por ciento, el funcionario ya devolvió 30.000 dólares.

El testimonio del contratista agrega una capa de complejidad a un escenario patrimonial que ya estaba bajo la lupa. Mientras se realizaban las obras en su propiedad, que demandaron trabajos entre octubre de 2024 y mayo de 2025, el matrimonio Adorni alquilaba otra casa en el mismo country, con un costo mensual de 13.000 dólares. La Justicia busca ahora determinar cómo se financiaron simultáneamente el alquiler, la millonaria refacción y los gastos de ingreso al barrio cerrado, estimados en 5.000 dólares adicionales. El fiscal Pollicita amplió las medidas de prueba y citó para el próximo miércoles a Leandro Miano, una persona vinculada a las acreedoras del funcionario, quien deberá presentar su celular y documentación sobre pagos de expensas de otro inmueble de Adorni en el barrio de Caballito. El centro del conflicto sigue siendo la marcada diferencia entre los ingresos declarados por el jefe de Gabinete, que pasaron de 3,5 a 7 millones de pesos mensuales en el último año, y los gastos sintonizados en dólares. Al ser consultado al respecto, Adorni evitó respuestas concretas y se limitó a señalar: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la cámara de Diputados el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”.