Intendentes bonaerenses denuncian una deuda de $220 mil millones en alimentos escolares

Decenas de intendentes bonaerenses y funcionarios del gobierno de Axel Kicillof se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Capital Humano para exigir el pago de los fondos adeudados por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA, en una jornada que evidenció la creciente tensión entre la Nación y la provincia más poblada del país. La movilización, encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la vicegobernadora Verónica Magario, reunió a más de 50 jefes comunales de distintos signos políticos —peronistas, radicales y vecinalistas— que primero suscribieron un documento conjunto en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y luego marcharon hacia la sede de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Pero al llegar, los esperaba un cerco de efectivos de la Policía Federal que les impidió el ingreso y, como remate, un cartel colgado en la puerta que decía: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”. Pettovello replicó el mensaje en sus redes sociales, atribuyendo el “desfinanciamiento de los programas” a la jurisdicción bonaerense. La respuesta oficial, lejos de abrir un canal de diálogo, profundizó el malestar y reforzó la consigna política que atravesó la protesta: “Milei, menos Adorni y más alimentos”, en alusión a la simultánea exposición del vocero presidencial en el Congreso en medio del escándalo por sus gastos y propiedades.

El reclamo central se sostiene sobre números concretos que los intendentes detallaron en la carta que Pettovello se negó a recibir. Según el documento, la deuda nacional por el Servicio Alimentario Escolar asciende a unos 220 mil millones de pesos, aunque otras estimaciones la ubican en 177 mil millones. La evolución presupuestaria revela una caída alarmante: mientras en 2024 Nación aportó 70.500 millones de pesos, en 2025 desembolsó 77.523 millones —un incremento nominal del 10%—, pero la inflación interanual del INDEC alcanzó el 55,9%. Para 2026, el requerimiento estimado para sostener el programa que alcanza a más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes bonaerenses es de 177.000 millones, pero la partida prevista por Nación es de apenas 80.883 millones, lo que representa un aumento nominal del 4%, muy por debajo de la dinámica inflacionaria. En contraste, el gobierno bonaerense dispuso para el mismo período una suba del 30% en su inversión destinada al SAE, según denunciaron los jefes comunales. Larroque, por su parte, agregó un dato estructural que desmiente el cartel de Pettovello: “La Provincia aporta el 40% de la recaudación nacional, pero lo que recibe no llega al 5% de su presupuesto”, y remarcó que el 90% de su cartera está destinado a políticas alimentarias. “No se juega con la comida de los chicos”, sentenció.

El intendente de La Matanza y titular de la FAM, Fernando Espinoza, ofreció una cifra que dibuja la magnitud de la emergencia: “De cada diez chicos que van a la escuela, cuatro comen y seis no”. Y describió el escenario como “una crisis social catastrófica”. Los datos que acompañan la nota formal presentada por los jefes comunales respaldan esa crudeza. Desde diciembre de 2023, se registra una pérdida acumulada de 304.322 puestos de trabajo registrados a nivel nacional, de los cuales más de 71.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires. La Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo alcanzó en febrero de 2026 los 658.011 pesos, con una variación interanual del 32,8%, mientras que la Canasta Básica Total subió a 1.434.464 pesos. La inflación acumulada desde la asunción de Milei llega al 293%, con especial impacto en el rubro alimentos, y el 43% de las compras de alimentos se realizan mediante tarjeta de crédito, un indicador de la creciente dificultad para acceder a bienes esenciales. Además, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina señala que solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de privaciones alimentarias, mientras que el resto enfrenta algún tipo de inseguridad alimentaria.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, sintetizó el conflicto como un choque de dos modelos antagónicos: “Una es la Argentina de Milei, que fue con todo el Gobierno nacional, en un operativo de seguridad enorme, a defender a un corrupto, a Manuel Adorni, que no puede explicar ni lo que compró ni cómo vive. Y hay otra Argentina, la real, la de todos los días, que es la que estamos defendiendo para que la ministra Petovello devuelva los fondos para que 10 millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires puedan tener asistencia alimentaria”. El jefe comunal de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, describió desde la urgencia cotidiana: “Esta crisis está implosionando, el vecino está incómodo, álgido, porque hoy no le alcanza a nadie, independientemente del sector”. Mientras el Gobierno nacional envía un operativo de seguridad a resguardar a un funcionario cuestionado y responde con chicanas en la puerta de un ministerio, los comedores escolares bonaerenses enfrentan un desfinanciamiento que, según los intendentes, no es producto de la casualidad sino de una decisión política: “Milei quiere quedarse con el 54% de los fondos”, denunciaron desde la FAM. La foto de los jefes comunales con una bandera que decía “Milei, hacete cargo” quedó como la postal de una provincia que aporta cuatro de cada diez pesos que recauda la Nación, pero que ve cómo sus niños comen cada vez menos mientras el poder central elige otros destinos para los recursos.