Libertad: El gobierno de Milei bloqueó el acceso de todos los periodistas

En un hecho sin antecedentes en los últimos 43 años de democracia, el gobierno de Javier Milei resolvió bloquear el ingreso de la totalidad de los periodistas acreditados a la Casa Rosada y levantar sus huellas dactilares del sistema de seguridad interno. La medida, confirmada por fuentes oficiales este jueves, dejó a los trabajadores de prensa sin acceso a la Sala de Periodistas, ubicada en el primer piso del edificio gubernamental, y los obligó a operar desde la cafetería Pertutti, frente a Plaza de Mayo. Según trascendió, la decisión se adoptó luego de que la Casa Militar, a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, presentara una denuncia penal contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes se acusa de haber grabado pasillos internos con lentes inteligentes que incorporan cámara. El informe, emitido el domingo 19 de abril en el programa “¿Y mañana qué?”, habría mostrado, según la denuncia, “de manera temeraria” la rutina presidencial y el flujo de personas que entran y salen de despachos de altos funcionarios, como el del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Federal N.º 4 a cargo del juez Ariel Lijo, califica el hecho como un “delito contra la seguridad de la Nación” y solicita investigar a los periodistas bajo los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de hasta seis años de prisión por revelación de secretos de Estado.

La suspensión de acreditaciones se ejecutó bajo el argumento formal de dejar sin efecto la prórroga que extendía durante abril las credenciales vencidas el 31 de marzo. Voceros de Presidencia justificaron la medida como “preventiva por el espionaje ilegal”, en referencia a las imágenes difundidas por TN. Sin embargo, el periodista implicado sostiene que solicitó permiso para grabar en pasillos habitualmente habilitados para la circulación de la prensa. Desde el Gobierno responden que la autorización nunca fue otorgada. La restricción, que no tiene un plazo definido, alcanza incluso a periodistas que no tuvieron ninguna participación en el informe. La decisión se conoció horas antes de que el Presidente recibiera en su despacho al empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y creador de Palantir, una empresa de ciberespionaje que trabaja con agencias de inteligencia, en lo que el entorno oficial describió como un encuentro para mostrar de cerca el fenómeno mileísta. Pese a la gravedad institucional del episodio, el mandatario utilizó su cuenta de X para calificar a los periodistas denunciados como “BASURAS REPUGNANTES” y ampliar la agresión al conjunto de la prensa: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes”. Más tarde compartió en Instagram un meme generado por inteligencia artificial que celebraba el cierre de las acreditaciones.

La oposición reaccionó de inmediato. El diputado nacional Maximiliano Ferraro exigió en redes sociales la restitución “de inmediato” de las credenciales y el ingreso a la Casa Rosada, mientras varias bancadas comenzaron a redactar pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Organizaciones como ADEPA y FOPEA repudiaron la medida. ADEPA la calificó como “una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina” e instó a las autoridades a revisarla “de manera urgente”. FOPEA, por su parte, advirtió que se trata de “una medida de extrema gravedad institucional” que afecta el derecho ciudadano a acceder a información sobre los actos de gobierno, especialmente porque la denuncia de Casa Militar aún no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular. No es la primera vez que el oficialismo recurre a este tipo de suspensiones. A principios de abril, el Ejecutivo ya había impedido el ingreso durante más de quince días a periodistas de medios que publicaron notas sobre una supuesta campaña rusa de desinformación contra Milei. Además, según pudo reconstruir LPO, el gobierno planea enviar al Congreso un proyecto de ley para exigir a los periodistas la presentación de declaraciones juradas, como si se tratara de funcionarios públicos. La medida de este jueves, que incluyó la eliminación de las huellas dactilares del sistema de acceso, dejó a decenas de cronistas sin poder ingresar por la entrada de Balcarce 50, mientras desde la Secretaría de Comunicación a cargo de Javier Lanari aseguraban que la restricción regirá “hasta que avance la investigación”. Para el periodista Alejandro Gomel, acreditado por Radio Splendid con veinte años de oficio, la escena fue inédita: “Me acerqué a la reja y hay gente de Casa Militar con una carpeta con la lista de todos los acreditados para prohibirles el ingreso. No lo puedo creer”.