La Corte Suprema de Justicia fijó el 10 de junio como fecha límite para que el gobierno de Javier Milei presente una propuesta de pago concreta por la abultada deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene con el Instituto de Previsión Social bonaerense. El fallo, sellado en una audiencia de la que participó el gobernador Axel Kicillof junto a su ministro de Economía, Pablo López, representa un revés para la estrategia de la Casa Rosada, que hasta ahora había eludido definiciones alegando la realización de auditorías. Según pudo reconstruirse, el monto reclamado asciende a 2,3 billones de pesos, una cifra que creció desde los 681.000 millones registrados en febrero de 2024 y que forma parte de un paquete más amplio de ocho demandas provinciales que totalizan más de 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio del presupuesto anual bonaerense.
El origen del conflicto se remonta al Decreto de Necesidad y Urgencia 280 que el Presidente firmó en marzo del año pasado, mediante el cual se suspendieron las transferencias obligatorias que la ANSES destinaba a las cajas provinciales no transferidas. En la audiencia de este martes, que fue la segunda convocada por el máximo tribunal tras un primer encuentro fallido el 17 de marzo, los representantes nacionales argumentaron que necesitaban continuar con las auditorías, pero la Corte no consideró esa justificación suficiente para postergar la discusión. “Lo que discutimos hoy es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional”, explicó Kicillof a la salida del edificio de Talcahuano, y destacó: “Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.
Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 21, 2026
Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta… pic.twitter.com/ECb8KMlP8I
El dato no es menor en un contexto donde la administración libertaria ya cerró acuerdos previsionales con provincias como Santa Fe, Córdoba y Chubut, mientras que el distrito que concentra casi el 40 por ciento de la población nacional quedó deliberadamente excluido. Desde el gobierno bonaerense interpretan esta omisión como parte de un intento desembozado de asfixia financiera. “Antes del cambio de gobierno se recibían los fondos y luego cortaron a todas las provincias, en alguna comenzaron a transferir, nosotros pretendemos eso”, agregaron fuentes de La Plata. López, por su parte, amplió el reclamo al señalar la inequidad estructural del régimen de Coparticipación Federal: Buenos Aires aporta el 38 por ciento de la recaudación total pero recibe apenas el 7 por ciento de lo distribuido, mientras la Nación concentra el 70 por ciento.
La pulseada judicial se da en paralelo a un escenario de fuerte deterioro de las cuentas provinciales. Según denunció el ministro López, al recorte de las transferencias previsionales se suma el freno total de la obra pública nacional en el territorio bonaerense y una “fuerte caída de la recaudación producto de la crisis provocada por las políticas económicas nacionales”. El mismo martes, y en una clara señal de la urgencia social que atraviesa el distrito, el gobierno de Kicillof anunció un aumento del 30 por ciento en el Sistema Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes, y una suba del 25 por ciento en los principales programas sociales. Los montos mensuales del SAE pasaron de 41.000 a 54.000 millones de pesos, un esfuerzo que el gobernador puso en contraste con los recortes nacionales en áreas sensibles como el Plan Remediar de medicamentos. “Cortaron la ayuda que tenía que ver con medicamentos, ¿dónde va toda esa gente? A la provincia y los municipios”, cuestionó Kicillof, mientras que el dirigente social Daniel Menéndez presentó un amparo contra el Ministerio de Capital Humano para garantizar el pago de la contraprestación del programa Volver al Trabajo. La Corte, con este emplazamiento, le puso un reloj al gobierno nacional: el 10 de junio tendrá que sentarse a negociar con números concretos o arriesgarse a una condena judicial que profundizaría su aislamiento político en el distrito más relevante del país.
