Karina Milei puso a Lilia al frente de la comisión que investiga al Presidente

A dos años de su última reunión efectiva, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados quedó formalmente constituida con la diputada Lilia Lemoine, una de las figuras de mayor confianza del núcleo íntimo del gobierno, al frente del organismo. La designación, que se concretó en una breve reunión constitutiva de menos de media hora, otorga al oficialismo el control de la llave que permite habilitar o frenar los pedidos de enjuiciamiento contra el Presidente, sus ministros y los miembros de la Corte Suprema. La maniobra, celebrada por la bancada libertaria con un “Viva la libertad, carajo”, es leída por las fuerzas opositoras como una estrategia explícita de blindaje hacia la figura de Javier Milei, en un contexto donde ya se acumulan al menos ocho proyectos que solicitan su remoción. La secretaria presidencial, Karina Milei, habría utilizado su influencia para colocar a su “lanzallamas” preferido en una posición neurálgica, buscando evitar un nuevo conflicto interno como el que en 2024 derivó en la frustrada designación de Marcela Pagano, episodio que dejó la comisión paralizada por disputas entre facciones libertarias y que terminó con la salida de Pagano y el entonces jefe del bloque Oscar Zago.

La comisión quedó integrada con una mayoría asegurada por La Libertad Avanza y sus aliados, sumando 17 miembros entre propios, dos del PRO, uno de la UCR y otro de Innovación Federal, mientras que Unión por la Patria ocupa 11 bancas y espacios menores como Provincias Unidas y la Coalición Cívica completan el resto. La vicepresidencia primera fue reservada por el PRO, que aún no designó a su representante, mientras que el peronismo kirchnerista ubicó al jujeño Guillermo Snopek como vicepresidente segundo. Durante la constitución, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, se limitó a proponer a Lemoine asegurando que “sus antecedentes son de público y notorio conocimiento”, sin mayores elogios, en contraste con las defensas más vehementes dedicadas a otras autoridades libertarias. La diputada, que asumió sin fijar un cronograma de trabajo, agradeció el respaldo y dio por finalizado el encuentro en pocos minutos, lo que despertó de inmediato las sospechas de la oposición sobre la voluntad del oficialismo de mantener el órgano inactivo.

La preocupación de los bloques opositores no es menor, dado que existen múltiples presentaciones acumuladas contra el Presidente. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los más activos al ampliar sus solicitudes con nuevas causales. Además de vincular a Milei con la denominada causa $LIBRA, que concentra la mayor cantidad de denuncias por presunta estafa vinculada a criptomonedas, Marino sumó argumentos basados en la política exterior del gobierno. “Milei está metiendo a la Argentina en una guerra extranjera sin autorización del Congreso. Reivindicó oficialmente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y celebró el asesinato de su Jefe de Estado”, detalló el legislador, quien también cuestionó la firma de acuerdos militares con Estados Unidos y el voto argentino en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad. “Los asuntos de guerra y paz son exclusivos del Congreso de la Nación. Es un avasallamiento a las facultades de este Congreso”, remarcó Marino, que también presentó un pedido de juicio político por el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad.

A las denuncias de Marino se suman las impulsadas por Germán Martínez, Agustina Propato, Aldo Leiva y otros legisladores de diferentes bloques, que cuestionan desde la constitucionalidad del DNU 70/23 hasta las declaraciones del Presidente en actos oficiales y su alineamiento internacional. También el diputado del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, anunció su propio pedido, argumentando que Milei “ha sacado todos los boletos: la causa $LIBRA, el incumplimiento de leyes votadas, la inconstitucionalidad de la ley Bases y la reforma laboral de esclavitud”. Sin embargo, el escaso número con que cuenta la oposición en la comisión hace virtualmente imposible, por ahora, que cualquiera de estos expedientes prospere.

Frente a este panorama, el peronismo adelantó que intentará forzar la apertura de la comisión mediante un recurso reglamentario conocido como emplazamiento, que requiere mayoría simple en el recinto de Diputados. “Hoy puede ser que no tengamos número, pero el desgobierno de Milei y los crecientes casos de corrupción se van a ocupar de que consigamos el número. Sobre todo después del caso de Adorni, que pasó de ser candidato estrella del oficialismo a mochila de plomo”, lanzó Marino, en referencia a las denuncias patrimoniales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsadas por la exdiputada Marcela Pagano, quien se convirtió en una ferviente opositora tras su salida del espacio libertario. La disputa entre Lemoine y Pagano, que se cruzan casi a diario en redes sociales, quedó sellada con la nueva conformación de la comisión, de la cual Pagano quedó excluida. La diputada kirchnerista Paula Penacca no dejó pasar la oportunidad para ironizar: “Evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza con la misma piedra dos veces, y ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad”.

Más allá de la comisión de Juicio Político, La Libertad Avanza también se aseguró otras dos presidencias clave. La de Peticiones, Poderes y Reglamentos, encargada de evaluar el funcionamiento interno de Diputados, quedó en manos de Giselle Castelnuovo, cercana al presidente de la Cámara, Martín Menem. La comisión de Libertad de Expresión, que ya era controlada por el oficialismo, seguirá siendo presidida por Guillermo Montenegro, recordado por haber organizado la visita al penal de Ezeiza en 2024 para entrevistarse con represores como Alfredo Astiz, y que ahora tendrá como vice al exministro de Educación Nicolás Trotta, quien anticipó que buscará impulsar proyectos para regular las plataformas digitales. Mientras tanto, la oposición observa con cautela los movimientos del oficialismo, a la espera de que los propios escándalos del gobierno le permitan reunir el número suficiente para forzar el debate. “Esperemos que esta no sea la última reunión”, deseó Pitrola al cierre del encuentro, aunque nadie en la bancada oficialista pareció dispuesto a tomarle el apunte.