Adorni cada vez más complicado: No puede explicar su patrimonio

La creciente exposición pública de los hábitos patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha derivado en un frente judicial que avanza en dos direcciones complementarias: la presunta omisión de bienes en su declaración jurada y el posible haber recibido dádivas por viajes en aviones privados. La última novedad en el expediente que investiga su patrimonio fue aportada por la diputada Marcela Pagano, quien amplió una denuncia por enriquecimiento ilícito al incorporar documentación que acreditaría la titularidad de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Según consta en el Registro de la Propiedad bonaerense, al que accedió LA NACION, Angeletti figura como única propietaria de la Unidad Funcional 380 desde el 15 de noviembre de 2024. La presentación judicial señala que las expensas de ese lote, que ascienden a unos 700 mil pesos mensuales, comenzaron a estar a nombre de la cónyuge, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

La existencia de la propiedad contrasta con la última declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) en 2024, donde reportó únicamente dos inmuebles: el 50 por ciento de un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco y otro en La Plata del que posee la totalidad. La ley de ética pública obliga a los funcionarios a declarar los bienes de su cónyuge, aunque esa información se encuentra en un anexo reservado que no es de acceso público por una reforma impulsada en 2013. Por ello, el dato central para determinar si existió una omisión será establecer si la casa en el country figura en ese apartado al que solo accede la Justicia. Vecinos del barrio cerrado, ubicado a 78 kilómetros de la Capital, señalaron que Adorni era visto con frecuencia en la zona y que la camioneta declarada a su nombre solía estacionarse en el lote en cuestión. La diputada Pagano, exintegrante del bloque oficialista, solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble, a la municipalidad de Exaltación de la Cruz y a la administración del country que informen sobre la titularidad del terreno, los planos de obra y las fechas de construcción, además de pedir a la Unidad de Información Financiera (UIF) que verifique si existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a la adquisición.

En paralelo, la causa que investiga el viaje que Adorni realizó con su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval sumó nuevas pruebas que profundizan los interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados. A pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa de vuelos Alpha Centauri SA entregó las facturas que acreditan que el pasaje de ida, valuado en 3.800 dólares, fue abonado por la productora Imhouse SA, perteneciente al periodista Marcelo Grandio, quien conduce programas en la Televisión Pública, un área que depende de la órbita de Adorni. El traslado de regreso habría sido costeado por otra persona aún no identificada como parte de un paquete de viajes. Según fuentes judiciales, el total del traslado superó los 8.000 dólares, una cifra que duplica la que el propio funcionario había mencionado inicialmente. Para el periodista Daniel Santoro, el hecho podría encuadrarse en la figura de dádivas, dado que el empresario que pagó el vuelo mantiene contratos con el Estado. “Se puede encuadrar el hecho en ese delito, el pago de regalos a cambio de algún favor. Va a tener que presentar alguna documentación, su palabra no basta”, señaló el analista en una entrevista.

Mientras la Justicia avanza con medidas como el pedido de declaración testimonial a Grandio y el relevamiento de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando, el Gobierno optó por un respaldo explícito al jefe de Gabinete. Javier Milei lo ratificó en su cargo tras los trascendidos que especulaban con un eventual recambio, y la ministra Karina Milei habría bajado la orden de sostenerlo en medio de las crecientes polémicas. La única voz oficial que salió a minimizar la controversia por la casa en el country fue la diputada Lilia Lemoine, quien sostuvo que se trata de “una casa reformada… en un country de clase media. No es una mansión en la Isla”, en una aparente crítica hacia Pagano, quien reside en Nordelta. Sin embargo, las cifras que surgen de la Central de Deudores del Banco Central agravan el panorama para el funcionario, ya que registran deudas con el Banco Galicia que en enero alcanzaron los 9 millones de pesos para Adorni y 8 millones para su esposa, montos difíciles de conciliar con un salario que hasta hace poco rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales.

La diputada Pagano, en su presentación, detalló que la vivienda en cuestión es de dos plantas, de color gris verdoso, ubicada a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf, y que según estimaciones inmobiliarias su valor de mercado oscila entre 129.000 y 249.000 dólares, a lo que se suma una cuota de ingreso al club de aproximadamente 5 millones de pesos. Ante este panorama, el periodista Daniel Santoro advirtió que si la propiedad no figura ni en la declaración pública ni en el anexo reservado, “se va a constituir el delito de omisión maliciosa de documento público”, un ilícito que en el pasado derivó en procesamientos como el del expresidente Carlos Menem. El jefe de Gabinete, consultado por la prensa sobre la propiedad, se limitó a responder a través de su abogado que el tema está bajo investigación judicial y que no haría declaraciones al respecto.