El presidente Javier Milei concretó este martes un nuevo movimiento en su gabinete al aceptar la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia, quien será reemplazado por el hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques. La salida del ministro, uno de los tres funcionarios que permanecían en sus cargos desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, se venía gestando desde hacía meses. Según pudo reconstruirse, Cúneo Libarona había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado extender su permanencia hasta marzo de 2026, con la promesa de entonces poder retornar a su vida privada. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, habría anticipado el ahora exministro a un colega de gabinete, en declaraciones que reflejan el desgaste que le provocaba la gestión. La noticia fue confirmada por el propio jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X, acompañada de una fotografía tomada en la Quinta de Olivos junto a Cúneo Libarona, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”, posteó Milei.
El desembarco de Mahiques no se produjo en solitario, sino que implicó una reconfiguración de poder hacia el interior de la cartera judicial. En un movimiento simultáneo, se anunció que Santiago Viola, apoderado nacional del partido La Libertad Avanza y hombre de extrema confianza de Karina Milei, asumirá como secretario de Justicia. De esta manera, Viola reemplazará a Sebastián Amerio, el hasta ahora viceministro que operaba como brazo ejecutor del asesor presidencial Santiago Caputo en los tribunales. Este cambio es leído por analistas y fuentes cercanas al gobierno como una contundente victoria de la secretaria general en la interna que divide al oficialismo. Según publicó el medio LPO, Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem se impusieron en la pulseada por el control del área, desplazando a Caputo, quien promovía sin éxito la candidatura del exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. La jugada, además, habría contado con el visto bueno del poderoso exjefe de la Policía Metropolitana y actual operador judicial Daniel Angelici, en un pacto que tendría como trasfondo la preocupación del círculo más cercano a la primera familia por causas sensibles que afectan al gobierno, como las investigaciones por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
El flamante ministro, un abogado de 43 años con una larga trayectoria en el ámbito judicial, no tardó en alinearse con la narrativa oficial y agradecer la designación tanto al Presidente como a su hermana. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mahiques sostuvo que “su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. Y profundizó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”. El nuevo ministro, quien hasta ayer se desempeñaba como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022, es un fiel representante de lo que en la jerga judicial se conoce como “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, un dato no menor dado que el propio Ejecutivo envió recientemente su pliego al Senado para garantizar su permanencia en el cargo pese a superar la edad de jubilación. Su hermano Ignacio, por su parte, es fiscal porteño y tuvo un rol como adjunto en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Esteban, el mayor, se desempeña como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y tuvo vínculos con el Tribunal de Disciplina de la AFA. El clan Mahiques mantiene además estrechas relaciones con sectores del poder mediático y judicial, y el propio Juan Bautista ha sido vinculado al famoso viaje a Lago Escondido en octubre de 2022, del que participaron jueces, fiscales, directivos del Grupo Clarín y un exagente de la AFI.
El principal desafío que tendrá por delante el binomio Mahiques-Viola será, justamente, la gestión de un Poder Judicial con un nivel de vacantes que distintas asociaciones y especialistas califican como crítico. Según los datos que maneja el Consejo de la Magistratura y que fueron relevados por diversas entidades, actualmente existen más de 330 cargos vacantes en la Justicia Nacional y Federal, lo que representa más de un tercio de la estructura total. De ellos, una porción significativa corresponde a juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales en todo el país, aunque el foco de la nueva gestión estará puesto en los 157 pliegos para jueces federales que el Ejecutivo tiene listos para enviar al Senado, además de decenas de fiscalías y defensorías. La estrategia oficial, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae, priorizará la cobertura de aquellas vacantes que no requieren mayorías calificadas en la Cámara alta, dejando para más adelante la negociación por los dos sillones que aún esperan ocupantes en la Corte Suprema –con los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla sin tratamiento–, la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General. “Son aquellos lugares que realmente deciden si uno va preso o no”, sintetizó una fuente libertaria al referirse a la importancia de cubrir los juzgados federales de instancias previas al máximo tribunal, en declaraciones reproducidas por Infobae. El presidente ya había adelantado en una entrevista con LN+ que no negociaría los cargos que exigen mayorías especiales con sectores de la oposición a los que no considera interlocutores válidos, por lo que el foco estará puesto en los cargos para los que el oficialismo pueda imponer sus candidatos con mayor facilidad. En particular, la atención se concentrará en los concursos para cubrir cuatro juzgados de Comodoro Py —los tribunales federales con asiento en Retiro—, un objetivo de altísimo interés para los operadores judiciales del gobierno.
Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF
— Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026
Este movimiento en el gabinete se produce en un contexto de particular sensibilidad para el Ejecutivo en materia judicial. A un año del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, la causa que investiga una presunta estafa internacional en la que se vio involucrado el presidente Milei por haber promocionado el activo en sus redes sociales, no registra avances sustanciales. Según publicaron diversos medios, el expediente que tramita en el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, aún no ha convocado a indagatoria a ninguno de los imputados, entre los que se encuentran el propio mandatario, su hermana Karina, y los empresarios Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El Congreso, a través de una comisión investigadora, concluyó en su informe final que Milei “utilizó la investidura presidencial” y su hermana “facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, aunque ningún funcionario del Ejecutivo se presentó a dar explicaciones ante ese cuerpo. Paralelamente, la Cámara Federal ordenó en enero actualizar los montos de los embargos trabados contra los principales sospechosos, luego de un planteo de la querella encabezada por el diputado nacional Juan Grabois, que consideró insuficientes las sumas iniciales.
El nuevo equipo en Justicia deberá también administrar la defensa del gobierno en otras causas que permanecen abiertas, como la que investiga los presuntos sobornos y la malversación de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se encuentra procesado el ex amigo del presidente, Diego Spagnuolo. La designación de Viola, quien en noviembre pasado se presentó como defensor de una acusada por apropiación y lavado de bienes de víctimas detenidas-desaparecidas en la ESMA, según reveló elDiarioAR, añade una capa de complejidad a la gestión y es interpretada como un intento de la secretaria general de la Presidencia de tener “sus ojos y su cuerpo en toda la Justicia”, en palabras de un allegado al nuevo ministro citado por Infobae. Mientras tanto, organizaciones como la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ya han manifestado su preocupación por la combinación de vacantes prolongadas y un recorte presupuestario previsto del 8% para el área en 2026, advirtiendo que “un Poder Judicial debilitado afecta de modo directo el ejercicio de derechos fundamentales” y que la demora en la cobertura de cargos profundiza “una fragilidad operativa que repercute directamente en los derechos de la ciudadanía”.
