El Gobierno prepara una ofensiva de 50 reformas para 2026

El gobierno de Javier Milei ultima los detalles de una ambiciosa ofensiva legislativa que prevé el envío al Congreso de cerca de medio centenar de proyectos de ley a lo largo de 2026, con el objetivo de consolidar las reformas estructurales iniciadas en su gestión. Tras un verano en el que logró media sanción para iniciativas como la modernización laboral y el régimen penal juvenil, y mientras aguarda la sanción definitiva de la ley de glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, la Casa Rosada busca capitalizar el impulso parlamentario para profundizar su programa de transformaciones. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en declaraciones a Radio Rivadavia aseguró: “Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes o de mayor impacto mediático y muchos otros que estamos analizando. Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente verá cuáles serán las prioridades”. Según trascendidos, el propio Javier Milei solicitó a cada uno de sus ministros que presenten alrededor de diez propuestas vinculadas a sus respectivas áreas, con el fin de ordenar la agenda y definir los ejes de la discusión parlamentaria que se desarrollará durante las sesiones ordinarias, cuyo inicio está previsto para marzo.

Una parte sustancial de estos borradores surgió del trabajo del Consejo de Mayo, el espacio multisectorial que funcionó a lo largo de 2025 para consensuar políticas de Estado tras la firma del pacto homónimo entre el Ejecutivo y los gobernadores. Ese ámbito, coordinado primero por Guillermo Francos y luego por Adorni, reunió a representantes del Gobierno, las provincias, el Congreso, el sector empresario y los gremios. Entre sus integrantes se contaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. De esas deliberaciones emergieron iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, que propone modificaciones en la organización del sistema, el financiamiento y las modalidades disponibles para las familias, en reemplazo de la norma vigente desde 2006. También se retomará el debate por el financiamiento universitario, recientemente incorporado a la agenda de extraordinarias tras su publicación en el Boletín Oficial. En el plano económico, el Consejo redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que, entre otros puntos, buscaría prohibir el déficit y establecer que cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto comience a regir únicamente una vez que las partidas correspondientes sean incluidas de manera expresa. Asimismo, se avanzó en un proyecto para reglamentar la inviolabilidad de la propiedad privada, con cambios en los regímenes de expropiación y en los procedimientos de desalojo.

Paralelamente, el Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, se prepara para impulsar una nueva reforma política. El objetivo central es perfeccionar el sistema de Boleta Única en Papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de los partidos y avanzar en la suspensión o eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En relación con la boleta, se analiza la posibilidad de incorporar un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca, simplificando el mecanismo actual que obliga a señalar a los candidatos en cada categoría. Este tema fue uno de los ejes abordados durante la reunión de la Mesa Política celebrada el 22 de febrero en la Casa Rosada, un espacio del que participaron, además de Adorni y Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “Lo que se está conversando es la posibilidad de mejorar la Boleta Única, modificar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO. Lo principal es la eliminación de las primarias, por el costo que implican”, señalaron a Infobae fuentes al tanto de las discusiones.

Otro de los proyectos centrales que el oficialismo buscará debatir durante las sesiones ordinarias es el nuevo Código Penal, elaborado por una comisión de expertos convocada por el Poder Ejecutivo. El texto, que en su primera versión contaba con 540 artículos, se amplió hasta alcanzar los 912 e introduce modificaciones sustanciales en materia de corrupción, terrorismo y endurecimiento de penas. Entre los cambios más significativos se encuentra la extensión del concepto de imprescriptibilidad —actualmente vigente para los crímenes de lesa humanidad— a delitos como el homicidio simple y agravado y el abuso sexual. El proyecto mantiene, sin embargo, leyes sancionadas en los últimos años, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y a pesar de las discusiones internas, por el momento conserva los agravantes cuando los delitos se cometen en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual. Se incorporan, además, nuevas figuras delictivas, como la vinculada a los motochorros, con una redacción más precisa para evitar zonas grises; los crímenes ambientales, incluida la contaminación; y se perfecciona la tipificación del financiamiento del terrorismo.

La agenda legislativa también contempla el tratamiento del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que requerirá la sanción de un conjunto de leyes para adaptar la normativa local a los compromisos asumidos por el país. En el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, se trabaja en diversas iniciativas cuyo contenido permanece bajo reserva y se dará a conocer en los próximos días, aunque por el momento no se prevén cambios en el sistema de patentamiento de medicamentos. Por último, no se descarta la incorporación de proyectos que quedaron fuera de debates anteriores o fueron postergados, como las modificaciones en el régimen de licencias médicas para los trabajadores, originalmente contempladas en el polémico artículo 44 de la reforma laboral. Sobre este punto, la Unión Industrial Argentina ya acercó una propuesta: “Se plantea pagar el 90% del salario los primeros 10 días y el 100% del neto no remunerativo a partir del día 11. Traspasa algo del costo al Estado, pero no todo”, explicaron desde la entidad fabril.