La media sanción de la reforma laboral en el Senado, celebrada por el oficialismo como un paso histórico, no logró disipar las tensiones en el oficialista bloque de diputados. Apenas unas horas después de la votación en la Cámara alta, el PRO anticipó que impulsará modificaciones en un punto sensible del proyecto, reavivando una interna que enfrenta al partido liderado por Mauricio Macri con la conducción libertaria en el Congreso y, de fondo, expone una puja de intereses entre los bancos tradicionales y las empresas tecnológicas. El eje del conflicto es el artículo 35, que en su redacción original habilitaba el pago de salarios a través de Proveedores de Servicios de Pago, como las billeteras virtuales. Esa posibilidad fue eliminada durante las negociaciones en el Senado, luego de que las cámaras bancarias alertaran sobre riesgos regulatorios y sistémicos, dejando vigente el esquema que obliga a acreditar los sueldos en cuentas bancarias tradicionales.
El jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá para que se restituya la opción de que los trabajadores puedan elegir dónde cobrar. “Vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata”, argumentó el legislador, en una postura que encontró rápidamente el rechazo de la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La exministra fue tajante al advertir que no aceptarán nuevas modificaciones al texto ya aprobado, defendiendo los acuerdos alcanzados con gremios, gobernadores y el sector financiero. “No vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es ésta. Si la cambian en Diputados tendríamos que cambiar lo que ya aprobó el Senado”, declaró Bullrich, en una posición que alinea al Gobierno con las objeciones planteadas por las entidades bancarias.
Pelea de simios.
— Marcelo Puella (@puellaok) February 13, 2026
La interna entre Patricia Bullrich y Cristian Ritondo no es por defender laburantes, es por quién deja la reforma laboral más precarizadora. Ella quiere que lo que salió del Senado no se toque; él avisa que Diputados van a meter cambios como habilitar pagos vía… pic.twitter.com/eSLFLxvKJV
La respuesta de Ritondo no se hizo esperar y escaló el tono del debate interno. En declaraciones a la prensa, el diputado marcó una clara distancia con la conducción de Bullrich en el Senado: “Ella no nos impone nada. Bullrich está en el Senado, nosotros estamos en Diputados. Acá hablamos con Martín Menem, no hablamos con ella”. La disputa, sin embargo, trasciende lo estrictamente legislativo y expone una pulseada de peso entre actores económicos de primer nivel. Según publicó el medio La Política Online, el artículo en cuestión fue interpretado en la city como un beneficio directo para Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, cuyos enviados habrían intentado sin éxito que Bullrich diera marcha atrás con la modificación. La respuesta de la senadora, siempre de acuerdo a esa versión, fue doble: ratificó que no se aceptarían cambios en el Congreso pero dejó entrever que el tema podría resolverse más adelante por la vía de la reglamentación. Este movimiento fue leído como una victoria parcial del ministro de Economía, Luis Caputo, en su pulsilión con el fundador de la plataforma de comercio electrónico.
En ese contexto, el PRO salió a jugar sus fichas alineado con el reclamo de las fintech. El propio Mauricio Macri, según consignó el portal, interrumpió su reposo para ordenar un comunicado partidario en defensa de las billeteras virtuales. “Desde el PRO creemos que cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo. No es el Estado el que tiene que decidir eso”, expresó el partido amarillo. La jugada, sin embargo, no parece inquietar por ahora al oficialismo libertario en la Cámara baja, que proyecta un trámite exprés para la ley. El presidente de la Comisión de Trabajo de Diputados, Lisandro Almirón, adelantó que la intención es firmar dictamen el miércoles 18 de febrero y llevar el proyecto al recinto el 25, antes del inicio de las sesiones ordinarias. En la Casa Rosada, incluso, ya no consideran necesario extender el período de extraordinarias hasta el 28 de febrero como se había especulado, confiados en poder cumplir con los plazos reglamentarios.
Pese al cronograma optimista que manejan en el oficialismo, la advertencia del PRO plantea un escenario de negociación forzada. Si la Cámara baja introdujera cambios al texto proveniente del Senado, el proyecto debería regresar a la Cámara alta para una nueva votación, demorando su sanción y reabriendo una discusión que el Gobierno da por cerrada. En el bloque libertario, no obstante, evalúan que el PRO no forzará una ruptura en un tema que consideran de alto impacto para la opinión pública. “Sería muy mal recibido por la gente y su electorado”, reflexionó una fuente de la mesa política mileísta citada por el diario Clarín. Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su armado en la provincia de Buenos Aires mantienen un diálogo fluido con el macrismo, lo que podría allanar el camino para un acuerdo de última hora. La reforma, que el oficialismo presenta como una modernización necesaria de una ley que data de 1974, enfrenta así su última prueba en un terreno donde los principios ideológicos, los intereses sectoriales y las ambiciones personales de sus protagonistas se entremezclan en una pulseada que tendrá su definición en los próximos días.