El conflicto que estalló en el municipio de Lanús a comienzos de febrero, con el despido de ochenta trabajadores del servicio de barrido y limpieza, expuso un entramado de tensiones que excede lo estrictamente laboral para penetrar en las grietas de la interna peronista y en las contradicciones de una gestión que se presenta como escudo contra el ajuste mientras aplica políticas que los propios afectados califican como persecutorias. La decisión, oficializada el martes 3 de febrero por el secretario de Espacio Público, Mauro Iezzi, bajo la directiva del intendente Julián Álvarez, no cayó en el vacío: reavivó un reclamo que los empleados municipales sostenían desde diciembre de 2025, cuando una protesta con cortes de calle frente al palacio municipal derivó en incidentes que incluyeron el incendio de un árbol de Navidad decorativo, episodio que el Ejecutivo local atribuyó entonces al Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof.
Las organizaciones sociales y políticas que salieron al cruce de la medida —entre ellas la UTEP, el Frente de Izquierda, Identidad Monte Chingolo, el Frente Vecinal y la Organización Nuevo Amanecer— denunciaron que los despedidos percibían ingresos de apenas ciento cuarenta mil pesos mensuales, se desempeñaban sin ropa de trabajo, sin recibos de sueldo y bajo un esquema contractual opaco que los vinculaba a una cooperativa cuya matrícula jamás fue informada. Florencia Aranda, una de las trabajadoras cesanteadas, explicó a distintos medios que el vínculo laboral nunca fue formalizado: “No existe ningún contrato firmado. A cada barrendero se le deposita los ciento cuarenta mil pesos en una cuenta a su nombre, que viene desde una cooperativa”. La precariedad, señaló, no fue un obstáculo para que cumplieran con sus tareas durante todo el mes de enero, cuyo salario, advirtió, tampoco percibirán. “Estas ochenta familias hoy se encuentran con que trabajaron todo el mes y no van a percibir su sueldo para llevar la comida a sus casas”, sentenció Aranda, que cuestionó con dureza la coherencia entre la identidad partidaria del jefe comunal y las decisiones adoptadas: “Este intendente que dice ser peronista, pero no dignifica a nadie”.
El argumento esgrimido por los denunciantes para explicar la decisión del municipio no se agota en la falta de recursos. Los trabajadores subrayaron que la Secretaría de Espacio Público, conducida por Iezzi, es el área con mayor presupuesto dentro del Estado municipal, por lo que interpretan los despidos como una definición política y, más específicamente, como un castigo dirigido a quienes protagonizaron el reclamo salarial de diciembre. “No solo no hubo respuesta al reclamo, sino que la gestión eligió castigar a quienes luchan”, afirmaron en un comunicado conjunto. Esa hipótesis encontró eco en versiones que circularon en despachos oficiales: desde el municipio vincularon la protesta a sectores internos del peronismo enfrentados a Álvarez, en particular al Movimiento Derecho al Futuro y a dirigentes como Agustín Balladares, actual vice del Partido Justicialista local y referente del Movimiento Evita, alineado políticamente con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y con el armado que impulsa la postulación de Axel Kicillof a la conducción del PJ bonaerense.
La fractura política se profundizó en los días siguientes al anuncio de los despidos. El miércoles 4 de febrero, los trabajadores realizaron cortes simultáneos en el Puente Alsina y en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Brasil, dos accesos neurálgicos del distrito. Según relató Florencia Aranda al portal Diputados Bonaerenses, la protesta debió ser levantada antes del mediodía tras episodios de represión: dos manifestantes fueron golpeados por efectivos de la Policía Bonaerense y otros seis resultaron gaseados. La trabajadora denunció que, en la previa de la movilización, el municipio no mostró predisposición alguna al diálogo. “Directamente nos dijeron que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer, pero que la decisión estaba tomada”, completó en declaraciones a Radio Realpolitik. En paralelo, desde la UTEP emitieron un comunicado de respaldo a los despedidos y advirtieron que las medidas de fuerza se mantendrían hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo local.
Mientras el conflicto escalaba en las calles, el municipio difundió una ayuda escolar de doscientos mil pesos por hijo destinada a los trabajadores municipales, una medida que, según consignó Política Argentina, busca contener el impacto del ajuste nacional en el poder adquisitivo de las familias. La contradicción no pasó inadvertida para los cesanteados: el monto anunciado por el intendente para paliar la crisis superaba, en muchos casos, el salario mensual que percibían quienes se encargaban de barrer las calles. Organizaciones gremiales y sociales calificaron el contraste como una provocación y profundizaron la caracterización de los despidos como una purga interna de voces críticas al amparo de la volada del ajuste nacional.
La semana cerró con un nuevo capítulo en la interna peronista. El cierre de listas para las elecciones del Partido Justicialista bonaerense, previstas para el 15 de marzo, dejó en Lanús una fotografía opuesta a la unidad que exhibieron el gobernador Kicillof y Máximo Kirchner a nivel provincial. Fuentes cercanas al Movimiento Derecho al Futuro calificaron como flaca, pobre y sin cambios la propuesta de integración acercada por el sector que conduce Julián Álvarez, e insistieron en que la oferta no reflejaba la representatividad real de un espacio que, sostienen, fue determinante para que el peronismo recuperara el gobierno municipal. Desde el Movimiento Evita, cuyo referente local es Balladares, reprocharon además la lógica de inacción partidaria impuesta por la conducción camporista y anticiparon que no están dispuestos a subordinarse al dedo kirchnerista. Mientras tanto, la lista encabezada por el intendente fue confirmada por el PJ local sin mencionar las discrepancias, con un mensaje en la red social X que agradecía a Máximo Kirchner por haber conducido la unidad del peronismo bonaerense para recuperar Lanús, luego de más de tres meses de silencio en esa cuenta.
Hoy Julián Álvarez, intendente camporista de Lanús, despidió a 80 trabajadores estatales y cuando salieron a protestar les aplico el protocolo de Bullrich. Si no nos sacamos de encima a esta dirigencia entreguista que se suma a la ola libertaria no va a haber temporada de nada
— El OnlyFans de Carrio (@OnlyfansCarrio) February 11, 2026
El caso de Lanús no es, sin embargo, un fenómeno aislado. En Mar del Plata, la fragmentación partidaria se expresó con crudeza: tres listas competirán por la conducción del PJ local, en un claro desafío al liderazgo de la senadora Fernanda Raverta, referente de La Cámpora en la región. Allí, el kicillofismo buscará canalizar el descontento a través de una lista propia, en abierta disputa con la estrategia de quienes intentan retener el control de la estructura partidaria apelando a una base de sustentación que, advierten, requiere ampliarse para interpelar a sectores medios y productivos. En Lanús, en cambio, no habrá competencia en las urnas, pero eso no evitó que la ruptura quedara expuesta ni que el conflicto gremial se convirtiera, para los sectores desplazados del armado partidario, en la evidencia más tangible de las consecuencias políticas de una gestión que, a la vez que busca erigirse como dique de contención frente a las políticas nacionales, replica en su territorio lógicas de contratación y despido que los propios trabajadores equiparan con la flexibilización laboral encubierta.
Los trabajadores despedidos insisten en que, más allá de las disputas entre dirigentes, el problema de fondo es el incumplimiento de una deuda salarial con ochenta familias que prestaron servicio durante todo enero. Anunciaron que presentarán una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo y no descartan nuevas medidas de fuerza si el Ejecutivo local no abre un canal de negociación. La falta de respuesta, advierten, ya tiene consecuencias visibles para los vecinos: la recolección de residuos y el barrido de calles comenzaron a resentirse en varios barrios, y quienes pagan sus tasas municipales, señaló Aranda, empiezan a notar la ausencia del servicio. Mientras el intendente despliega anuncios de contención social y consolida su armado partidario sin dar cabida a los sectores que considera díscolos, la herida abierta entre el despacho y los trabajadores que barren las veredas se ensancha cada día sin que ninguna de las partes exhiba, por ahora, voluntad de soldarla.
