La gestión del presidente Javier Milei se enfrenta a una nueva controversia que erosiona su discurso de transparencia y lucha contra la “casta”, tras confirmarse que el Gobierno nacional volvió a habilitar a la droguería Suizo Argentina para competir en licitaciones públicas. Esta empresa, propiedad de la familia Kovalivker, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunto direccionamiento, cartelización y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según información oficial del portal Comprar, el laboratorio superó los filtros en al menos dos procesos del Ministerio de Salud luego de un paréntesis de 89 días, que coincidió con el estallido del escándalo a raíz de los audios del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo.
La reaparición de la firma en el sistema de compras estatales se produjo a mediados de noviembre, cuando presentó una oferta por 250 millones de pesos para insumos de hemodinamia infantil en el Hospital Posadas, la cual figura como “disponible para adjudicar”. Asimismo, según pudo confirmar este diario, participó en otra licitación de diciembre por casi 37 millones de pesos para insumos de neurocirugía, que se encuentra “en evaluación”. Este regreso silencioso resulta particularmente llamativo si se considera que, en poco más de un año y medio de administración libertaria, Suizo Argentina acumuló contratos con el Estado por más de 100 mil millones de pesos, abarcando ministerios como Salud, Seguridad y Defensa, así como el PAMI y el IOSFA.
La investigación judicial, impulsada por el fiscal Franco Picardi, había detallado un “sistema irregular de contratación” en la ANDIS, caracterizado por la “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios”. En su dictamen, el magistrado señaló el rol protagónico de Suizo Argentina y destacó la figura de Sebastián Nuner Uner, gerente de asuntos corporativos del laboratorio, a quien describió como un engranaje clave en la relación con los funcionarios investigados. Pese a estas graves imputaciones, que incluyen acusaciones de coordinar ofertas con otros proveedores, el Gobierno optó por no impedir el retorno de la empresa al circuito de las compras oficiales, generando un contundente cuestionamiento político y ético.
Este episodio se enmarca en un clima de creciente conflictividad social alrededor de la ANDIS, donde una medida cautelar dictada por la Justicia federal de Catamarca obligó al organismo a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas. La resolución, que ordenó reactivar los pagos en un plazo de 24 horas, fue una respuesta a las protestas de familiares y prestadores que denunciaron recortes y falta de respuestas. Mientras la causa penal avanza, la decisión de reabrir las puertas del Estado a una empresa señalada en un esquema de corrupción parece confirmar, para muchos observadores, que las promesas de ruptura con las viejas prácticas quedaron en el plano del relato, mientras los negocios continúan bajo nuevas banderas.
