Escándalo de corrupción en Transporte provoca purga de funcionarios

La secretaría de Transporte, una de las áreas más sensibles del Estado por la magnitud de los fondos que administra, se encuentra sumida en una crisis profunda tras una denuncia por presuntas irregularidades multimillonarias en el sistema de subsidios al transporte automotor. El escándalo, que involucra a la empresa de colectivos La Nueva Metropol, derivó en la renuncia del entonces secretario Luis Pierrini y en un terremoto político que se extendió a las empresas ferroviarias estatales, según publicó LA NACION en su edición del lunes 18 de enero. La investigación periodística reveló que cuatro cámaras empresarias del sector acusaron al grupo de haber desviado aproximadamente $30.000 millones mediante una maniobra técnica que adulteraba los datos de demanda del sistema SUBE.

La presunta estrategia consistió en una variación sistemática de las validaciones de pasajeros desde las secciones tarifarias más cortas hacia tramos intermedios y largos, sin que existiera un aumento real en la cantidad de viajes. Esta práctica, detectada a partir de comparativos antes y después de la entrada en vigencia de la resolución 45/2024, habría permitido a la empresa liquidar subsidios casi duplicados respecto a los que le correspondían. “Ese dinero que llevan de más sale de la bolsa de todos”, explicó un empresario del sector, en referencia al fondo común de compensaciones del que se nutren todas las empresas. Los datos son elocuentes: en la línea 195, operada por La Nueva Metropol, las secciones cortas cayeron un 18,72% mientras que la sección larga aumentó exactamente un 18,73% en el período analizado, un patrón repetido en otras líneas del grupo como la 448, la 176 y la 365.

Frente a las acusaciones, desde La Nueva Metropol negaron cualquier irregularidad y atribuyeron la denuncia a una “vendetta” comercial. Argumentan que el conflicto estalló luego de que el grupo anunciara un acuerdo para importar 150 colectivos de la fabricante china King Long, lo que introduciría un tercer competidor en un mercado históricamente dominado por el poderoso Grupo DOTA, dueño de la licencia de Agrale, y el Grupo Empresario Prieto, vinculado a Mercedes-Benz. “No quieren que se sume un tercer jugador con colectivos chinos y más baratos”, explicaron fuentes cercanas a la empresa denunciada. Esta pugna subyacente por el negocio de la renovación de flota y los repuestos pone en evidencia la ferocidad de la lucha por una tajada de los subsidios, una partida que este año supera el billón de pesos.

La falta de una reacción oficial inmediata ante la denuncia presentada el 16 de diciembre fue determinante. Según información de Letra P, la presentación administrativa no avanzó, lo que motivó que las cámaras empresarias amenazaran con llevar el caso a la Justicia penal. La presión mediática y política se tornó insostenible. Desde Davos, donde acompañaba al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió la renuncia de Pierrini. El miércoles 21 de enero, el funcionario presentó su dimisión por “motivos personales”, según la escueta comunicación oficial. No obstante, fuentes políticas aseguran que contó con el aval de Karina Milei para su salida, en un contexto donde también pesaban las críticas por la pasividad ante la crisis operativa de la aerolínea Flybondi y las demoras en las licitaciones ferroviarias.

La purga no se limitó a la Secretaría. Horas después, en una cadena de desplazamientos, también renunciaron los presidentes de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, respectivamente. Sus lugares fueron ocupados por Sebastián Giorgetti, un hombre de carrera dentro del sistema, y el abogado Fabián González. El timón de Transporte quedó en manos del arquitecto Fernando Herrmann, un profesional con vasta experiencia en infraestructura pero sin antecedentes en la gestión del transporte, recomendado a Caputo y que logró el aval político de la secretaria general de la Presidencia.

El caso judicial ya está en marcha. La Asociación Arco Social presentó una denuncia penal contra el propio Caputo y Pierrini por “presuntas maniobras irregulares” y “omisión funcional”. Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de la entidad, sostuvo que existieron advertencias técnicas formales en diciembre que no fueron atendidas, permitiendo un perjuicio estimado en $3000 millones mensuales. El escándalo expone, una vez más, la opacidad histórica y la falta de control férreo del Estado sobre un sistema de subsidios que mueve miles de millones mensuales desde 2002, en un escenario donde las grandes empresas libran batallas campales por los fondos públicos, y las autoridades de turno parecen incapaces o reacias a ejercer una auditoría profunda.