Organizaciones de derechos humanos y bloques opositores se movilizan en múltiples frentes para confrontar el decreto de necesidad y urgencia 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 31 de diciembre, que reforma profundamente el sistema de inteligencia. La norma, que resucitó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es calificada como “manifiestamente inconstitucional” por un colectivo de más de veinte entidades, incluyendo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina. Estas organizaciones preparan presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas relatorías de la ONU, denunciando la configuración de un sistema de vigilancia masiva que pone en riesgo garantías fundamentales. Según publicó Página/12, la estrategia incluye también acciones judiciales, con al menos cinco amparos presentados, y una pulseada en el ámbito legislativo para lograr el rechazo del decreto en el Congreso.
En 2019, en pleno festival de filtraciones de escuchas y tras un tirón de orejas del relator de ONU para la privacidad, la Corte firmó una acordada que decía esto: pic.twitter.com/kDiXKXumjE
— Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) January 14, 2026
Las críticas se centran en varios aspectos considerados regresivos. El decreto obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, sin establecer procedimientos claros ni controles ciudadanos, allanando el camino para un monitoreo generalizado. Por primera vez desde el retorno de la democracia, se otorga a los agentes de inteligencia la facultad de proceder a la “aprehensión temporal” de personas sin autorización judicial, un punto que ha encendido las alarmas. “Estamos en presencia del intento de convertir la SIDE en una policía secreta”, advirtió el diputado de Unión por la Patria y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. Asimismo, se permite involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, lo que, según los denunciantes, borra la línea entre defensa y seguridad interna y retrotrae a prácticas de la última dictadura militar.
La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, cuestionó la utilización de un DNU para una reforma que, a su juicio, merecía un debate legislativo exhaustivo. “El Gobierno presenta este decreto como si se tratara únicamente de modificaciones administrativas a la Ley de Inteligencia —con el argumento de implementar un sistema más eficiente y moderno—, pero lejos está de eso”, explicó. A la opacidad del sistema, donde todas las actividades son definidas como “encubiertas”, se suma la rehabilitación de una amplia noción de contrainteligencia que, según las organizaciones, revive el peligroso concepto de “enemigo interno”. “Nos preocupa el debilitamiento de los controles democráticos que produce el decreto, al ampliar al máximo el secreto, volver aún más opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha”, remarcó García Rey.
En el plano parlamentario, la oposición trabaja con celeridad para reunir los votos necesarios para derogar la norma en la Cámara de Diputados. Según información de los bloques opositores, ya se contarían con 122 votos a favor del rechazo, muy cerca de la mayoría necesaria, aunque el escollo principal sería lograr el quórum para sesionar durante el receso de verano. Bloques como Unión por la Patria, Unidos y el FIT-U lideran el esfuerzo, mientras se espera una definición de legisladores de bloques provinciales y de la coalición oficialista. Esta pulseada legislativa se perfila como el primer desafío político relevante del año para el gobierno, que defiende el decreto a través de comunicados y promete enviar una reforma legal más profunda al Congreso. Mientras tanto, los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, no han conformado las comisiones bicamerales que deberían analizar la validez del DNU y fiscalizar los organismos de inteligencia.
El contexto de esta reforma no es ajeno a advertencias internacionales previas. En 2019, el entonces relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, había señalado la insuficiencia de los controles existentes tras las filtraciones de escuchas ilegales. Su informe preliminar llevó a la Corte Suprema a desalentar la participación de los espías en investigaciones judiciales, una restricción que fue revertida por otro DNU de Milei a mediados de 2024, que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y recreó la SIDE. Ahora, la ofensiva contra el decreto 941/2025 busca también activar los mecanismos de control internacional, apelando a relatores que ya han manifestado preocupación por retrocesos en derechos humanos en Argentina. La situación judicial sigue su curso, pendiente de que algún magistrado se expida sobre los amparos durante el receso tribunalicio, en un escenario donde, como señalan análisis editoriales, la relación histórica entre la Justicia y los servicios de inteligencia añade un factor de complejidad a cualquier decisión.
