Los incendios forestales que azotan la Comarca Andina de Chubut han entrado en una fase crítica, con focos activos que avanzan sin control sobre bosques nativos milenarios y viviendas, en un escenario que las autoridades ya califican de catástrofe. El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación “varió para mal” y describió un cambio peligroso en el comportamiento del fuego, el cual ya no cede durante la noche, manteniendo una intensidad que complica enormemente las tareas de contención. Hasta el momento, el siniestro ha consumido más de 3.500 hectáreas de bosque nativo y ha provocado la destrucción de al menos once viviendas en las zonas de Epuyén y El Hoyo. La gravedad del panorama obligó a la Dirección Nacional de Vialidad a decretar el corte total de la Ruta Nacional 40, la principal arteria de la Patagonia, entre esas dos localidades, debido a la cercanía de las llamas y la nula visibilidad por el humo.
La investigación sobre el origen del desastre apunta, de manera cada vez más firme, a una intencionalidad criminal. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que los peritajes hallaron rastros de acelerantes en el punto de inicio. “Se detectaron vapores de combustible, lo que confirma que fue un acto deliberado”, afirmó el representante del Ministerio Público, quien además subrayó la peligrosidad del lugar elegido para iniciar el fuego, un sitio denso y de difícil acceso que ponía en riesgo a más de tres mil personas. Esta hipótesis fue respaldada por el ministro Iturrioz, quien fue categórico al señalar que “hubo una intención criminal que no habíamos visto antes”, descartando una mera negligencia y destacando que el punto cero fue seleccionado estratégicamente para maximizar la propagación y cortar la única vía de escape de Puerto Patriada.
"Somos todos voluntarios. Muchos dejamos de laburar para venir a apagar los incendios y nos quedamos sin plata para comer. Todos estos equipos los compramos de nuestro bolsillo"
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 10, 2026
No puede pasar esto. El abandono es total. Todo intencional del gobierno pic.twitter.com/Y6RGMSbUdU
Mientras las llamas avanzan, la capacidad de respuesta estatal se ve seriamente cuestionada por una sucesión de decisiones políticas y recortes presupuestarios. Organizaciones ambientalistas y gremiales han denunciado que el gobierno nacional ha desfinanciado sistemáticamente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Según un análisis de la Ley de Presupuesto 2026, la partida para el organismo sufrirá una caída real del 69% respecto a 2023 y del 78,5% en comparación con 2025. Además, se reveló una constante subejecución de los fondos asignados en años anteriores, lo que dejó sin utilizar recursos cruciales para equipamiento y capacitación. Esta merma en la estructura de combate del fuego se refleja en la reducción de la planta de brigadistas nacionales y en las precarias condiciones laborales de quienes arriesgan sus vidas, con salarios que oscilan entre los $600.000 y $850.000, montos por debajo de la canasta básica local y contratos limitados a tres meses.
Este contexto de desinversión se potencia con una polémica reforma legal anunciada por el gobierno de Javier Milei. En diciembre pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la modificación de la Ley de Tierras y la derogación de un artículo clave de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada originalmente por el diputado Máximo Kirchner. Los cambios permiten que privados extranjeros adquieran tierras rurales y, de manera más alarmante, eliminan la prohibición de cambiar la actividad productiva en campos incendiados durante 30 a 60 años. Esta norma, que buscaba desincentivar los incendios intencionales para especular con el cambio de uso del suelo, será revocada, abriendo la puerta a que los terrenos arrasados por las llamas puedan ser inmediatamente destinados a agricultura, ganadería u otros negocios. La coincidencia temporal entre estos anuncios y la oleada de incendios intencionales en la Patagonia ha generado interrogantes y alertas sobre posibles incentivos perversos.
Bomberos llorando ante una Patagonia que se prende fuego. Incendios provocados por los mismos inmorales de siempre. Manos extranjeras que vienen a quedarse con nuestra Patria. El Gobierno? Les deja vía libre: modifican leyes y desfinancian.
— Gonzi 🏳️🌈 (@LaKusama_) January 9, 2026
Tristeza y desesperanza. pic.twitter.com/sRtq8y0HSu
La emergencia moviliza a más de 300 brigadistas y voluntarios, con apoyo aéreo de varias provincias y de Chile, pero las condiciones climáticas –con sequía, temperaturas extremas y vientos intensos– conspiran contra los esfuerzos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó la evacuación de más de 3.000 turistas y residentes de la zona. Mientras las autoridades provinciales redoblan los operativos y la investigación penal, la catástrofe ecológica y social deja al descubierto una compleja trama donde la desidia presupuestaria, las reformas regulatorias favorables al negocio inmobiliario y la acción criminal parecen converger, dejando a su paso un paisaje devastado y comunidades en vilo.
