"Eso es un derecho adquirido, eso no se puede tocar"@JMilei sobre la jubilación de @CFKArgentina pic.twitter.com/KFDeSfqkXj
— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) November 14, 2024
Después de la polémica condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, el Gobierno anunció este jueves la eliminación de la jubilación de privilegio de la ex presidenta y la pensión por Néstor Kirchner.
“Por orden del presidente Javier Milei y con el trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSeS, se decidió eliminar la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía recibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”, anunció el vocero presidencial en una conferencia de prensa. Ayer, la Cámara de Casación Penal ratificó la sentencia de 6 años de cárcel para Cristina -quien apelará a la Corte- por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. También se confirmó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Adorni explicó que la conducta por la que Cristina fue condenada “representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño”. “El beneficio previsto por la ley para ex presidentes y vices es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga de manera excepcional como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo. La señora fue condenada por la Cámara como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño”, sostuvo Adorni antes de las preguntas en la conferencia de prensa que encabeza habitualmente en la Casa Rosada.
En ese mismo sentido, el vocero insistió que “la jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en Argentina y más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
“Es un manto de sentido común y cordura a la gestión pública”, remarcó Adorni, y enseguida señaló que “durante el mandato de Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y dignidad de los argentinos”.
Al portavoz le preguntaron por la muy probable judicialización de esa decisión por parte de la ex mandataria y destacó que ella “podría seguir cobrando una jubilación y pensión de acuerdo a sus aportes”.
“La vía judicial es una posibilidad concreta y ella va a poder seguir cobrando una jubilación y pensión de acuerdo a sus aportes y no un extra o adicional por privilegios”, enfatizó.
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano señaló que la condena a la ex presidenta “torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”.
Por su parte, la Anses informó que el acto administrativo para eliminar esos montos a la ex presidenta ya fue realizado y será publicado este viernes. “Con relación a las consultas sobre la decisión de eliminar los beneficios de privilegio que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la pensión derivada, informamos que el acto administrativo ya ha sido ejecutado. Será publicado mañana y actualmente se está procediendo a la notificación del mismo”, detallaron desde la Administración Nacional de Seguridad Social.
El portavoz detalló que la decisión del Ejecutivo “significa para los argentinos un ahorro de $21.827.624,65”.
No tan significativo en cuanto a ahorro cuando se compara con los 100 millones de dólares anuales que el Estado le perdona a Mercado Libre. Minutos después del anuncio, y en sus redes sociales, el vocero aseguró que la medida también alcanzará a otros ex funcionarios que se encuentran, según precisó, “en similares condiciones”.
El régimen de las llamadas jubilaciones de privilegio está establecido por la ley 24.018, sancionada en 1991. La norma no establece excepciones para casos de personas beneficiarias que resulten condenadas por la Justicia La decisión del Gobierno es, entonces, una medida política sin basamento jurídico alguno, por tanto discriminatoria respecto del resto de las personas que perciben el beneficio