El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy que se cite a declaración indagatoria al ex presidente Alberto Fernández en el marco de la causa por supuesta violencia de género, abierta a raíz de la denuncia de su ex pareja, Fabiola Yáñez. La imputación incluye los siguientes delitos: “dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave, debido al debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama (también doblemente agravada), y el delito de coacciones, con el fin de evitar que Yáñez denunciara los hechos de violencia ante el juez federal Julián Ercolini”.
El magistrado deberá decidir ahora sobre la citación del ex presidente. Para sustentar su solicitud, la Fiscalía ha recabado pruebas de los teléfonos de María Cantero y Fabiola Yáñez, y ha tomado declaraciones a diversas personas, entre ellas Yáñez, Cantero, el ex intendente de Olivos Daniel Rodríguez, la madre y hermana de Fabiola, la periodista Alicia Barrios, y los médicos presidenciales Federico Saavedra y Leandro Federico Alem, según informaron fuentes judiciales.
También han declarado la esteticista Florencia Aguirre, Sofía Pacchi, la niñera Noelia del Valle Gómez, y la ama de llaves Cinta Tonietti, entre otras personas. Además, se analizaron los “registros de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos durante todo el mandato presidencial; los registros de llamadas telefónicas entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez desde 2016; así como documentación médica del Sanatorio Otamendi, la clínica Fertilis, el Hospital Universitario de Madrid y el Instituto de Neurología Cognitiva INECO”.
También se incorporaron “fotos, videos proporcionados por la querella y la defensa, y registros de la actividad oficial del presidente y la entonces primera dama, como actos, conferencias y viajes oficiales”. Asimismo, la Fiscalía señaló que se llevó a cabo un relevamiento de medios, del cual se extrajeron más imágenes, videos y declaraciones públicas relevantes para la investigación, así como informes psicológicos y psiquiátricos obtenidos a partir de entrevistas con Yáñez.
El fiscal González sostuvo que, “efectivamente, en un contexto de violencia de género, marcado por una relación asimétrica de poder con el agresor, Alberto Fernández ejerció, de manera sistemática, violencia psicológica contra Yáñez desde al menos 2016, hasta la formalización de la denuncia. Esta violencia se manifestó a través de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneo y hostilidad”.
González añadió que, “según las constancias de la causa, la violencia física, que ya había sido relatada por la víctima, tuvo episodios agudos y, con el tiempo, se convirtió en habitual durante el mandato de Alberto Fernández como presidente de la Nación”. En la convivencia de la pareja en la Quinta de Olivos, se habrían producido “agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y otros golpes que causaron lesiones en el cuerpo de Yáñez”.
Por otro lado, se detalló que, mientras Yáñez residía en Madrid y estaba condicionada económicamente por su agresor, éste le realizó amenazas de suicidio, le recordó las necesidades de su hijo Francisco, le pidió ocultar las agresiones físicas para evitar que se conocieran públicamente y le sugirió hablar lo menos posible, asegurándole que nada le faltaría a su familia. En este contexto, Yáñez fue coaccionada para que no denunciara los hechos ante el juez, lo que afectó el curso de la investigación judicial debido a las amenazas del ex presidente.
El análisis de la prueba reunida ha permitido demostrar que Alberto Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente desde el inicio de su relación. La denuncia fue presentada por Yáñez el 6 de agosto y, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se detectaron casos de violencia psicológica, física y económica.
Por otra parte, Fernández también ha sido citado para declarar el próximo 20 de noviembre en relación a otra causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas durante el gobierno del Frente de Todos, expediente que también está bajo la supervisión del juez Ercolini.
