Levantan el veto a la ley de discapacidad y le ponen límites a los DNU

En una jornada legislativa de intensas repercusiones políticas, el Senado de la Nación infligió un significativo revés al gobierno de Javier Milei al rechazar por amplia mayoría su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un hecho inédito en más de dos décadas. Con 63 votos afirmativos y sólo siete en contra, todos pertenecientes al oficialismo y sus aliados más estrechos, la Cámara Alta restableció la normativa que declara la situación crítica en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La ley, que reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas, había sido objetada por el Presidente argumentando razones de gasto público, una decisión que fue calificada como “brutal e inmoral” por el senador pampeano Pablo Bensusán durante el debate. “Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sentenció el legislador, según la crónica de la sesión.

El amplio arco opositor, que incluyó a bloques peronistas, radicales, macristas y representantes de gobernadores, demostró una cohesión poco habitual para alcanzar la mayoría calificada requerida. La votación no sólo reactivó la emergencia en discapacidad, sino que dejó al descubierto las tensiones dentro de la coalición oficialista, evidenciadas por un agresivo intercambio en redes de un referente libertario contra el senador Luis Juez por haber apoyado la iniciativa. El único voto en contra que no perteneció a La Libertad Avanza fue el de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO, quien argumentó que la ley “no hace falta”, aunque solicitó públicamente al ministro de Salud que “se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones”. La sesión, que no fue presidida por Victoria Villarruel por encontrarse a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje internacional de Milei, estuvo marcada también por el escándalo de los audios filtrados de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que añadió un clima de mayor tensión al debate.

En un movimiento coordinado que buscó consolidar el contrapeso legislativo, la oposición también logró dar media sanción a un proyecto que reforma la ley de decretos de necesidad y urgencia (DNU), otro frente de conflicto con el Ejecutivo. La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor, ocho más de los necesarios para blindar un eventual veto presidencial, obligaría a que los decretos tengan vigencia por sólo 90 días y requieran la aprobación expresa de ambas cámaras para permanecer en efecto. Alejandra Vigo, de Provincias Unidas y artífice del consenso opositor, sostuvo que “los decretos son un instrumento de excepción que contravienen la separación de poderes”, en clara alusión al uso intensivo que Milei ha hecho de esta herramienta, comenzando por el megadecreto 70/23. La batalla ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará retener al menos un tercio de los votos para evitar que la norma se convierta en ley y restrinja significativamente la capacidad de acción del Presidente.

El cruce en el Senado reflejó posturas irreconciliables. Mientras para el santacruceño José María Carambia la insistencia con la ley de discapacidad era una cuestión de urgencia social, advirtiendo que “si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”, desde el oficialismo se defendió el veto. El formoseño Francisco Paoltroni, uno de los siete votos negativos, cuestionó el crecimiento histórico del número de pensiones, una afirmación que le valió una furiosa réplica de su comprovinciano José Mayans. El choque de visiones sobre el rol del Estado quedó plasmado en la intervención de la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien afirmó que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad”. El resultado de ambas votaciones configura un escenario de parálisis institucional para el gobierno, que ve cómo su ya minoría legislativa se reduce aún más y se enfrenta a la perspectiva de tener que negociar cada iniciativa con una oposición que ha encontrado en su unidad una fuerza efectiva.