Suspensiones masivas de pensiones por discapacidad con una crueldad planificada

El Gobierno nacional ha suspendido el pago de 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad, lo que representa más del 10% del total de beneficiarios, según había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado 8 de agosto. Esta medida, enmarcada en un proceso de auditoría iniciado en febrero, se ha implementado bajo el argumento de detectar irregularidades en su otorgamiento, pero ha generado un aluvión de reclamos por suspensiones arbitrarias y fallas estructurales en el sistema de notificaciones. Según información proporcionada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya se han recibido 2.000 reclamos, de los cuales apenas 300 estarían próximos a resolverse favorablemente.

El mecanismo de citación implementado por el organismo resulta particularmente cuestionable. Las convocatorias se realizaron exclusivamente mediante carta documento, un sistema que presenta serias limitaciones en barrios populares, zonas rurales y para personas institucionalizadas o con dificultades para recibir correspondencia. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ANDIS informó que, a junio de 2025, de 834.167 cartas documento enviadas, 385.993 no pudieron ser entregadas, lo que significa que al 46,27% de las personas citadas nunca les llegó la notificación. “Son personas que ni siquiera pudieron participar en el proceso. Si la persona no participó, difícilmente puede afirmarse que esas pensiones estén mal otorgadas”, señala Belén Arcucci, coordinadora de ACIJ, refutando así las declaraciones oficiales.

Esta situación se agrava por los cambios introducidos en el decreto 843/24 de septiembre de 2024, que modificó los requisitos para acceder al beneficio e incorporó nuevas causales de suspensión. La reforma reinstaló condiciones previamente declaradas inconstitucionales, como acreditar un porcentaje determinado de “disminución en la capacidad laborativa” o no tener parientes obligados a proporcionar alimentos. Además, habilitó la suspensión por inconvenientes en la notificación “imputables al destinatario”, como domicilios mal señalizados, y por inconsistencias en el domicilio registrado. “El Gobierno volvió a instalar requisitos que ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia”, explica Arcucci, destacando el carácter regresivo de la normativa.

Los testimonios de los afectados reflejan el impacto devastador de estas medidas. Mónica Bustos, de Córdoba, con discapacidad motriz y beneficiaria durante 22 años, relata que su nombre no figuraba en los listados de citación y ahora se encuentra sin el sustento esencial. Casos similares se repiten en localidades pequeñas como Pirovano, donde Alejandra Avalos descubrió que suspendieron la pensión de su hijo Ezequiel, con TGD no verbal, sin que hubieran recibido ninguna notificación previa. “Me acerqué a ANSES a consultar y ese mismo día, más tarde, recibí la carta documento notificando la suspensión por inasistencia. Fue la primera notificación que recibimos”, afirma. La pérdida del beneficio implica también la automática exclusión del programa Incluir Salud, privando a las personas de tratamientos esenciales y prestaciones de salud críticas.

La legisladora provincial Stella Nieva salió al cruce de estas políticas, afirmando que “el Gobierno Nacional ha llegado a un verdadero punto de inflexión cuando decidió quitarle a los más vulnerables”. Enfatizó que la situación trasciende lo partidario: “Ya no es una cuestión partidaria, es una cuestión de humanidad. Tenemos que dejar de defender lo indefendible y ponernos del lado de la gente que realmente la está pasando mal”. Su crítica se enmarca en un patrón más amplio de recortes que afectan a jubilados, estudiantes y empleados públicos.

La justificación oficial del recorte se basa en el crecimiento del número de pensiones otorgadas en los últimos 20 años, pasando de 78.585 a más de un millón. Sin embargo, este argumento omite que, según el último censo, el 12,9% de la población argentina tiene discapacidad, equivalente a aproximadamente 5 millones de personas. De este total, solo el 20% accede a la pensión, muy por debajo del 38,9% de cobertura promedio que reporta la OIT a nivel global. El aumento histórico responde a la derogación del sistema de “alta por baja” que existía hasta 2003 y a la adecuación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008.

Paralelamente, el valor de las pensiones ha perdido poder adquisitivo. Entre agosto de 2024 y mismo mes de 2025, con el bono incluido, pasaron de $227.000 a $286.000, un aumento del 25,9% que queda muy por debajo de la inflación del 36,6% en el mismo período, profundizando la vulnerabilidad de los afectados. Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncian además la falta de transparencia en el proceso. “Cada tanto el Gobierno saca un comunicado, pero la información es muy vaga”, señaló Pablo Molero, coordinador del organismo.

A pesar de que ANDIS ha habilitado correos electrónicos para solicitar la rehabilitación, las organizaciones reportan que las personas envían toda la documentación requerida pero no obtienen respuesta, y que incluso en casos de restitución, no se pagan los meses suspendidos. Esta situación ha obligado a la presentación de acciones judiciales, incluyendo amparos, para exigir la restitución de derechos vulnerados. La combinación de un proceso de auditoría defectuoso, una normativa regresiva y la falta de soluciones efectivas para los afectados configura un escenario de violación sistemática de derechos humanos fundamentales.