En el marco de una investigación penal por un presunto plan para intervenir ilegalmente la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó al juez Sebastián Casanello que cite a declaración indagatoria al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y al diputado nacional de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, junto a otros cuatro funcionarios. El requerimiento se origina en una denuncia presentada por el secretario general del gremio, José Voytenco, quien alertó sobre una maniobra concertada para desplazar a las autoridades legítimas del sindicato. La causa, iniciada en febrero de 2025, se sustenta en un extenso trabajo de peritajes, allanamientos y el análisis de comunicaciones que incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos.
Según la investigación, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se habrían iniciado una serie de maniobras para tomar el control de la UATRE y de su obra social, OSPRERA, la segunda más grande del país con más de 500 mil afiliados. El primer paso fue la intervención de esta última por parte del Gobierno a fines de noviembre de 2024. Poco después, Voytenco denunció que se suspendieron todos los pagos y se interrumpieron prestaciones, incluso para afiliados con enfermedades graves. El fiscal Marijuan sostuvo en su escrito que los imputados, “sacando provecho de los cargos e influencias que tuvieran dentro del ámbito de la función pública”, gestaron y ejecutaron un “acuerdo criminal”.
El elemento probatorio central son una serie de chats del interventor designado en la OSPRERA, Marcelo Petroni, también incluido en el pedido de indagatoria. En esas comunicaciones, Petroni se muestra como el brazo ejecutor de un entramado de alto nivel. En un mensaje dirigido a un contacto de prensa el 22 de enero, fue contundente: “Nosotros somos Lule y Karina”, en alusión a Eduardo Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En otras conversaciones con Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Petroni escribió “avisale a Lule” y “eso lo tiene que saber Martín y Lule”. Aguirre es dueño de la firma HTECH Innovation, que, según datos oficiales, obtuvo contratos millonarios en la OSPRERA intervenida, con pagos por más de 47 millones de pesos en noviembre de 2024 y un contrato mensual vigente que supera los 16 millones.
La investigación también documentó reuniones de Petroni con Cordero, con el ministro de Salud, Mario Lugones, y hasta con Martín Menem en la Casa Rosada, todas datadas en enero de 2025, cuando se intensificó la avanzada oficial sobre el gremio. En un chat con la exsubdelegada bonaerense de UATRE, Aixa Petriati, Petroni afirmó: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE. Me consta”. El análisis de la agenda telefónica de Petroni reveló frecuentes comunicaciones con Ansaloni y Cordero, así como referencias a encuentros con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Martín Menem.
Este caso presenta un modus operandi que, según la nota de Data Clave, repite patrones similares a los revelados en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios del entonces titular Diego Spagnuolo también vinculaban a Karina Milei y a los Menem con maniobras de corrupción. La solicitud de indagatoria deberá ser ahora evaluada por el juez Casanello, en medio de un clima de creciente tensión para el Gobierno, jaqueado por múltiples denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos. En el plano judicial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo ya había rechazado la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo para intervenir la UATRE, argumentando que no se acreditaban las circunstancias excepcionales que justificaran semejante intromisión en la libertad sindical.
