La Cámara de Diputados avanzó este miércoles con un pedido de informes unificado a la ANMAT para esclarecer las responsabilidades en el escándalo del fentanilo contaminado, que ya registra 97 víctimas fatales según datos oficiales. La cifra supera las tragedias de Once (52 muertes) y el atentado a la AMIA (86), transformándose en la mayor intoxicación medicamentosa desde la creación del organismo en 1992. Durante la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, legisladores de todos los bloques consensuaron 26 preguntas dirigidas al Ejecutivo, indagando sobre la trazabilidad del lote n°31.202 de HLB Pharma y la composición accionaria de los laboratorios involucrados.
Pablo Yedlin (UCR), presidente de la comisión, subrayó la gravedad histórica del caso: “Me atrevo a decir que esta es la peor situación desde la creación de la ANMAT”. Su declaración coincidió con la presión de familiares de las víctimas, que se congregaron en el Congreso exigiendo justicia. Alejandro Ayala, hermano de Leonel —fallecido el 8 de abril en el Hospital Italiano de La Plata tras recibir el analgésico contaminado— denunció encubrimiento: “Acá hay interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos”. Los testimonios recogidos por BBC Mundo revelan patrones similares: pacientes ingresados por procedimientos rutinarios desarrollaron neumonías bacterianas intratables tras la administración del fármaco, con casos como Daniel Sebastián Oviedo (42 años), quien murió durante un tratamiento de diálisis.
Mientras tanto, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, planteó una teoría de sabotaje en declaraciones a la prensa: “Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso”. El empresario insistió en que solo un lote de los cinco fabricados presentó anomalías, desmintió vínculos con el narcotráfico y aseguró que retiraron voluntariamente el medicamento antes de la alerta de la ANMAT. Sin embargo, sus afirmaciones contrastan con los peritajes del Instituto Malbrán, que confirmaron contaminación por “Klebsiella pneumoniae” y “Ralstonia pickettii” en ampollas incautadas. La diputada Carla Carrizo (CC) exigió ir más allá del pedido de informes: “Quiero que los responsables de la ANMAT vengan a la comisión”.
El debate dejó al descubierto tensiones regulatorias. Esteban Paulón (PS) cuestionó las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien días antes había relativizado el papel de los controles estatales: “No podemos pensar en la mala fe de los empresarios, pero mejor nos curamos en salud”. Mónica Fein (PS) recordó antecedentes preocupantes, como la reubicación del laboratorio Apolo —vinculado a HLB Pharma— tras una explosión en Santa Fe. Durante los allanamientos ordenados por el juez Ernesto Kreplak, desaparecieron 5 kilos de fentanilo en polvo que el laboratorio alegó haber “incinerado”. Con más de 100.000 ampollas adulteradas ya incautadas, la Justicia investiga a 24 personas, mientras familiares organizados en el chat “Unidos por la justicia” reclaman protocolos de trazabilidad para medicamentos críticos.
