Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su alineamiento con Washington y Londres, un consorcio británico-israelí avanza en la explotación de la cuenca petrolera “León Marino” al norte de Malvinas. Navitas Petroleum —con un 65% de participación israelí y respaldo de RockHopper (35% británica)— prepara la extracción de 1.700 millones de barriles de crudo, una operación valuada en 4.000 millones de dólares que consolidaría económicamente el enclave colonial. Este proyecto, ilegal según el derecho internacional, ha expuesto la desidia del gobierno nacional con respecto al reclamo de soberanía por Malvinas.
-Violación de resoluciones de la ONU: La explotación de la cuenca León Marino contradice abiertamente la Resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe modificaciones unilaterales en territorios en disputa. Navitas ya inició una consulta pública (julio-agosto 2025) para evaluar el impacto ambiental, pero bloqueó el acceso a su sitio web desde Argentina, imposibilitando el escrutinio local. El silencio de Cancillería, liderada por Gerardo Werthein, es sintomático: “Para esta Cancillería Malvinas no existe”, admitió un funcionario patagónico.
-Beneficios kelpers vs. perjuicios argentinos: El proyecto generaría 300 empleos directos y hoteles para trabajadores, inyectando regalías millonarias a la administración británica. Mientras, Argentina pierde derechos sobre recursos en su plataforma continental, reconocidos por la ONU en 2016. La Ley 26.659 —que prohíbe operar con licencias británicas— ha sido ignorada por gobiernos de distintos signos políticos, incluyendo la gestión actual.
🇬🇧 Avanza un millonario proyecto petrolero británico-israelí en Malvinas, con licencias ilegales según la ONU. El Gobierno argentino no actuó, mientras Tierra del Fuego reclama soberanía.
— Perfil.com (@perfilcom) August 13, 2025
🛢️ La cuenca León Marino podría producir 1.700 millones de barriles de crudo. Navitas prevé… pic.twitter.com/RTkZzNyNXO
Tierra del Fuego: entre el reclamo y la contradicción
1. Soberanía vs. conveniencia económica: Aunque la Legislatura fueguina rechaza las operaciones británicas en Malvinas, extendió hasta 2045 la concesión de la cuenca CMA-1 a Wintershall Dea (controlada por Harbour Energy), empresa que hasta 2021 participó en el proyecto Sea Lion. Críticos locales señalan la incoherencia: “¿Cómo se sanciona a una empresa por operar en aguas disputadas si luego se le premia en tierra firme?”
2. Conflicto con Milei: El Concejo Deliberante de Ushuaia había declarado “persona no grata” al presidente tras su discurso del 2 de abril de 2025, donde priorizó “los deseos de los isleños”. Esta postura fue interpretada como un guiño al Reino Unido. Además, el intento de desmantelar el régimen de promoción industrial fueguino ha tensionado aún más la relación.
Geopolítica y militarización: el telón de fondo
– El avance de Navitas coincide con el refuerzo militar británico en las islas. Tropas gurkhas, aviones de combate y ejercicios navales se justifican como “protección” de inversiones, pero también responden a intereses estratégicos: control del Estrecho de Magallanes y proyección hacia la Antártida. Mientras, Milei fantasea con un acercamiento a la OTAN, ignorando que el Reino Unido usa esa alianza para blindar su ocupación.
– El rol de Israel: La participación de Navitas —empresa israelí— añade otra capa de conflicto. Argentina, bajo presión de Washington, trasladó su embajada a Jerusalén en 2024, debilitando su posición ante la ONU. Esto cobra relevancia cuando el organismo ya ha condenado a Israel por posesión ilegal de armas nucleares (152 votos a favor en 2022) , evidenciando la hipocresía de aliarse con un Estado que viola el derecho internacional.
La inacción como política
La falta de una estrategia coherente trasciende al gobierno actual:
– Presupuesto menguante: Argentina invierte solo 0.7% del PBI en defensa (USD 5.000 millones), insuficiente para disuadir avances coloniales. Expertos señalan que se necesitaría al menos el 1.5%-2% para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur .
– Desarticulación federal: Proyectos como el radar de LeoLabs en Tierra del Fuego —aprobado por Alberto Fernández y luego judicializado por su “uso dual”— muestran que Buenos Aires toma decisiones sin consultar a la provincia. Hoy, el gobierno fueguino exige control sobre acciones estratégicas, pero choca con la sumisión de Milei al Comando Sur de EEUU.
Soberanía en venta
El silencio del gobierno nacional ante el saqueo de recursos en Malvinas no es negligencia, sino complicidad estratégica. Al priorizar alineamientos con potencias ocupantes, Milei desarma la posición argentina en un momento crítico: Navitas decidirá en 2025 si inicia la extracción masiva, y Reino Unido ya prepara infraestructura militar para sostenerla. Mientras, Tierra del Fuego queda atrapada entre la defensa legítima de su territorio y concesiones forzadas por la desidia federal. La pregunta ya no es cuándo recuperaremos las islas, sino cuánto más permitiremos que se subaste nuestra soberanía.
*con información de Perfil.com y Tiempo Argentino*
